Una solicitud de suspensión de la audiencia, un imputado que no asistió y la descripción de cómo habría operado el mecanismo del «Partido Comunes» para aumentar los gastos electorales, fueron parte de los elementos que marcaron la audiencia de formalización de la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana y ex militante de Comunes, Karina Oliva, acusada por un eventual fraude de subvenciones.
Tras 2 años de investigación, finalmente este miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se formalizó a Karina Oliva y otros 11 exmilitantes del Partido Comunes; todos ellos acusados de defraudar $293.093.681 tras ocultar, abultar y disfrazar gastos electorales para solicitar al Servel devoluciones improcedentes que perjudicaron al Fisco.
Los otros acusados son Martín Miranda, administrador de la campaña; Jorge Ramírez, expresidente del partido y expareja de Oliva; Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva; Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero y Jean Flores. Sin embargo, este último no fue citado.
Según informó la Fiscalía, Oliva quedó con arresto domiciliario nocturno de 12 horas, específicamente de 08:00 horas a 20:00 horas, y también con arraigo nacional.
Los demás imputados quedaron con diversas medidas cautelares de firma y arraigo, mientras que el tribunal aún discute la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para el administrador de la campaña, Martín Miranda.
«No, no, por supuesto», dijo «la estrella fugaz de la izquierda chilena» al ser consultada si había cometido fraude. «Esperamos ahora en adelante con esto poder demostrar nuestra inocencia. Ahora podemos ejercer nuestro derecho a defensa, que es lo más relevante. Por primera vez, después de dos años, voy a poder ejercer mi derecho a defensa», agregó.
Por su parte, el fiscal Héctor Barros, manifestó su convicción de que los delitos por los cuales serán formalizados los exmilitantes de Comunes sí existieron. «No estaríamos solicitando formalización si fuera lo contrario», enfatizó el persecutor antes de ingresar al 7° juzgado de garantía de Santiago.
El plazo de investigación fue fijado en 100 días.
