Un tribunal en Arica revocó la prisión preventiva de una madre indígena acusada de tráfico de ketamina, priorizando el bienestar de su hijo lactante y aplicando enfoque de género e interseccionalidad.
La imputada, detenida en Chacalluta con 2,5 kg de ketamina adheridos a su cuerpo, enfrentaba precariedad económica y actuaba como jefa de hogar. Ahora deberá cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional, en un fallo que equilibró la protección social y los derechos fundamentales.
La defensora Sofía Makaus destacó: «La prisión no solo la castiga a ella, sino también a su hijo lactante, quien está privado de libertad en condiciones inadecuadas para su desarrollo». La defensa utilizó la normativa internacional, como las Reglas de Bangkok y la Convención de Belem do Pará, para argumentar que las penas privativas de libertad afectan de manera desproporcionada a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
El magistrado Rodrigo Urrutia señaló que el contexto social y familiar de la imputada justificaba la «desescalada de la respuesta penal».
Además, se valoró un informe social que documentaba su historia de vida, origen indígena y los patrones de género que condicionaron sus acciones.
La facilitadora intercultural Inés Flores subrayó: «Este fallo reconoce la doble discriminación que enfrentan las mujeres indígenas, por su género y origen, considerando sus contextos culturales en el proceso».
El Ministerio Público, que se opuso a la decisión argumentando la gravedad del delito, fue criticado por su falta de comprensión en derechos humanos y normativa sobre mujeres y niños.
Este caso marca un precedente hacia una justicia más inclusiva y humana, priorizando el interés superior del niño.
Fuente: Comunicado de prensa.
