El silencio de la sala del Juzgado de Garantía de Arica se quebró ayer lunes 29 de septiembre cuando el magistrado Rodrigo Urrutia Molina dictó su resolución: prisión preventiva para J.E.A.B., imputado por el Ministerio Público por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y desacato. La decisión, que envía al acusado al Complejo Penitenciario de Acha, se sustentó en una premisa clara: su libertad representaba un peligro para la víctima. El tribunal fijó, además, un plazo de 60 días de investigación.
Una mañana de violencia
Según la formalización, la historia se remonta a la mañana del 28 de septiembre de 2025. La víctima, con seis meses de embarazo, compartía su hogar con el imputado. La jornada se tornó violenta tras una discusión desencadenada por la revisión del teléfono de la mujer. Mensajes de un tercero preguntando por el estado de gestación fueron el detonante.
La rabia escaló rápidamente: gritos, insultos y objetos destrozados en la habitación. Luego, según expuso la Fiscalía, vino la agresión física. El acusado habría empujado a la mujer contra la pared, presionado su cuello y, en un acto de brutalidad, la habría golpeado en el abdomen al empujarla contra el respaldo de la cama.
El resultado fue evidente: hematomas en brazos, lesiones en la zona cervical y una contusión abdominal que puso en riesgo no solo la integridad de la víctima, sino también la del hijo que espera.
El peso del desacato
El caso adquirió mayor gravedad al confirmarse que J.E.A.B. ya contaba con una medida cautelar previa: la prohibición de acercarse a la víctima, dictada el 28 de junio pasado en otra causa. La agresión del domingo, además de las lesiones, constituyó un quebrantamiento de esa orden judicial, lo que reforzó la decisión del tribunal de privarlo de libertad mientras dure la investigación.
Una medida para proteger
Durante la audiencia, el juez Urrutia fue categórico: la libertad del imputado no era compatible con la seguridad de la mujer embarazada. Por ello, decretó la prisión preventiva en Acha, con el fin de garantizar que la víctima pueda continuar su proceso sin nuevas amenazas ni agresiones.
Un caso que interpela
La causa, que se enmarca en el complejo escenario de la violencia intrafamiliar en Chile, refleja cómo los tribunales deben equilibrar la protección de las víctimas con las garantías procesales de los imputados. En este caso, el riesgo evidente inclinó la balanza hacia la privación de libertad inmediata.
📌
Esta noticia informa a la comunidad sobre las resoluciones judiciales de un proceso en tramitación. Todas las partes involucradas en la causa tienen la posibilidad de utilizar recursos procesales disponibles dentro de los plazos legales, los que permiten la revisión de lo resuelto y su eventual modificación.
