ARGENTINA SACUDE EL TABLERO POLÍTICO: JUSTICIA ORDENA EL DECOMISO DE 20 PROPIEDADES DE CRISTINA FERNÁNDEZ Y EJECUTA EL MAYOR GOLPE PATRIMONIAL CONTRA UN EXPRESIDENTE EN LA HISTORIA DEL PAÍS
Con la orden de decomisar 20 inmuebles de la familia Kirchner y más de 80 propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, Argentina entra en una fase inédita de recuperación de activos por corrupción. El Tribunal Oral Federal 2 determinó que los bienes fueron adquiridos con fondos ilícitos y dispuso su inmediata inmovilización y ejecución para reparar el daño causado al Estado. Cristina Fernández, condenada e inhabilitada de por vida, enfrenta así las consecuencias materiales de la sentencia firme.
El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires inició la ejecución patrimonial más grande que haya enfrentado un exmandatario argentino, ordenando el decomiso de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner y bienes de un listado completo de condenados por la emblemática causa Vialidad.
La cifra: 684.990 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 480 millones de dólares.
El objetivo: recuperar lo que la Justicia considera “el provecho económico directo e indirecto de la mayor maniobra de corrupción vial del país”.
El día en que la Justicia avanzó sobre el “imperio inmobiliario” de los Kirchner
Pasadas las 10 de la mañana de ayer martes, el TOF 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— firmó una resolución de más de 300 páginas que, según calificaron analistas, reordena el mapa de poder económico del kirchnerismo.
El fallo no es uno más: marca el inicio formal del desmantelamiento patrimonial de la expresidenta, quien cumple arresto domiciliario por una condena de seis años por administración fraudulenta y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Los jueces ordenaron avanzar inmediatamente sobre:
- El histórico hotel boutique Los Sauces en El Calafate.
- Un complejo completo de departamentos en Río Gallegos, construido por Lázaro Báez.
- Terrenos y lotes adquiridos entre 2002 y 2015 por Néstor y Cristina Kirchner.
- Propiedades traspasadas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, identificadas como «adquisiciones gratuitas provenientes de fondos ilícitos».
Según la resolución, “todos los bienes que resultaron beneficio directo o derivado del delito deben ser restituidos al Estado”.
El golpe no solo es contra Cristina: Báez perderá más de 80 propiedades
El tribunal también ejecutará bienes de los demás condenados: el empresario Lázaro Báez, el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López —célebre por los bolsos con millones arrojados al convento— y otros involucrados.
En el caso de Báez, la cifra es devastadora: más de 80 propiedades y bienes empresariales, incluyendo terrenos, edificios y activos de Austral Construcciones.
Para los jueces, entre 2003 y 2015 se consolidó una maquinaria diseñada para favorecer a las empresas de Báez con licitaciones, sobreprecios, anticipos y ampliaciones de obra irregularmente justificadas.
Ese circuito, afirman, “inundó de provecho económico” tanto al empresario como a la dirigencia que sostuvo la red.
Máximo y Florencia bajo la lupa: herencias que la Justicia considera parte del engranaje
Aunque no están condenados penalmente, los hijos de la expresidenta aparecen como receptores de bienes considerados por la Justicia como producto del delito. Por eso, los 19 inmuebles heredados por ellos fueron incluidos en la primera tanda de decomisos.
El tribunal justificó el alcance afirmando que:
“Los bienes traspasados gratuitamente a terceros vinculados familiarmente al imputado deben ser restituidos cuando provengan, directa o indirectamente, del beneficio ilícito”.
En lenguaje simple: lo heredado también se pierde si su origen fue irregular.
El número que lo cambió todo: 684.990 millones de pesos
La cifra millonaria no surgió al azar.
Fue recalculada por peritos de la Corte Suprema tras actualizar el monto fijado en la condena de 2022.
Cristina Fernández intentó frenar el proceso con tres recursos distintos:
- cuestionó el monto;
- rechazó la actualización;
- pidió que el decomiso fuese tramitado en el fuero civil, no penal.
Todo fue rechazado por Casación.
Con esa puerta cerrada, no quedaba más alternativa: la ejecución debía comenzar inmediatamente.
Un decomiso que trasciende fronteras
La decisión del TOF 2 fue confirmada por medios internacionales, destacando que:
- es la mayor ejecución patrimonial por corrupción en la historia argentina;
- marca un precedente para casos similares en la región;
- instala nuevamente la discusión sobre la responsabilidad patrimonial de las familias políticas;
- y tensiona el escenario político interno, particularmente en vísperas de un año electoral.
Desde el kirchnerismo, el hermetismo ha sido absoluto.
No hubo declaraciones formales.
Reacciones en Argentina: entre el impacto y el quiebre simbólico
Politólogos y constitucionalistas coinciden en que este fallo:
- golpea el corazón económico del kirchnerismo;
- debilita su capacidad de financiamiento estructural;
- y representa un triunfo para la política de recuperación de activos comprometida internacionalmente por Argentina.
Para sectores opositores, se trata de la prueba “más contundente” de un sistema de corrupción estatal.
Para adherentes de Cristina Fernández, es un capítulo más de lo que definen como “persecución política”.
Pero más allá de la disputa ideológica, el efecto es real e inmediato: la familia Kirchner pierde 20 bienes inmuebles desde hoy, y otros podrían sumarse cuando se abra la segunda etapa de ejecución.
El mapa del decomiso: de Calafate a Río Gallegos
El listado incluye:
- departamentos en la calle Mitre 535 (10 unidades),
- inmuebles de la calle Presidente Néstor Kirchner 490,
- un edificio completo en 25 de Mayo 255,
- terrenos en Lago Argentino,
- y el emblemático complejo hotelero Los Sauces, símbolo del ascenso patrimonial de la familia.
Todos ellos serán inscriptos en los Registros de la Propiedad para quedar inmovilizados, administrados y eventualmente liquidados para cubrir el monto exigido.
El capítulo que aún no termina
Aunque la sentencia está firme, el proceso de liquidación puede durar meses o incluso años.
Sin embargo, el mensaje político y jurídico ya quedó grabado:
Argentina busca recuperar hasta el último peso del perjuicio que, según la Justicia, causó el esquema de corrupción vial más grande del siglo XXI en el país.
Y Cristina Fernández —por primera vez en dos décadas— enfrenta el avance final de un proceso que ya no admite apelaciones.
