La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) emitió una dura declaración pública luego del violento ataque ocurrido en la Corte de Apelaciones de Arica, donde un funcionario agredió con un arma blanca al administrador del tribunal, Raúl Marchant Lira, antes de ser abatido por personal policial.
La organización manifestó su profunda preocupación y apuntó directamente al Estado y al Poder Judicial por lo que calificó como un “fracaso sistémico” en las condiciones laborales y de seguridad dentro de los tribunales. Según la asociación, el episodio refleja “fallas estructurales que por años han sido advertidas sin respuesta efectiva”.
Aprajud destacó que tanto la Fiscalía Regional como los ministros de la Corte ya iniciaron investigaciones administrativas y penales. Sin embargo, insistió en que las indagatorias deben abordar no solo lo ocurrido, sino también las responsabilidades institucionales que permitieron que la situación escalara hasta este punto.
La agrupación expresó su total solidaridad con el administrador herido, quien permanece en recuperación, y también extendió sus condolencias a la familia del fallecido. La asociación subrayó que hechos de esta naturaleza no pueden analizarse sin considerar factores psicológicos, personales y laborales que afectan a los equipos del sistema judicial.
En su declaración, Aprajud reiteró varias demandas históricas que —aseguraron— se han vuelto urgentes tras este ataque. Entre ellas, una política robusta de salud mental, mecanismos eficaces para detectar riesgos psicosociales, aumento de la dotación y una revisión profunda de la estructura organizacional del Poder Judicial. En ese marco, insistieron en la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales, señalando que la actual mezcla de responsabilidades genera tensiones permanentes.
Además, la asociación pidió que se evalúe jurídicamente la posible aplicación de la Ley Karin, debido a la gravedad del hecho y a la obligación estatal de asegurar ambientes laborales libres de violencia.
Respecto al agresor, identificado como un funcionario que llevaba 15 días ausente sin justificación y que fue convocado a explicar su inasistencia, Aprajud recalcó que el caso evidencia la necesidad de instituciones capaces de intervenir oportunamente frente a señales de crisis.
Finalmente, la asociación sostuvo que lo ocurrido debe ser una advertencia para el debate legislativo en curso y llamó a los tres poderes del Estado a asumir responsabilidad directa en la crisis que viven los funcionarios judiciales, marcada —según dijeron— por sobrecarga laboral, insuficiente dotación y exposición creciente a riesgos psicológicos y de seguridad.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
