Tras más de un año de tramitación, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura zanjó que el proyecto minero Llurimagua arrastró vulneraciones a derechos relacionados a la consulta ambiental de comunidades en la zona de Intag y a la protección de la naturaleza. El proyecto es encabezado por la Empresa Nacional de Minería de Ecuador (ENAMI-EP) y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), actuando esta última cual transnacional en una iniciativa que ha arrastrado por años conflictividad socioambiental para explotar cobre en un ecosistema reconocido internacionalmente por su biodiversidad.
Así, la resolución de la Corte de Imbabura que confirmó la existencia de “vulneración a los derechos relativos a la protección de la naturaleza y la consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Llurimagua de la zona de Intag, provincia de Imbabura, por parte del Ministerio del Ambiente, Agua, y Transición Ecológica del Ecuador”, arrastrando la revocación de su licencia ambiental y la suspensión de actividades mineras en su zona de influencia, viene a ser producto de una extensa y profunda lucha gestada desde Ecuador, y que en Chile ha tenido progresivamente una resonancia pero que ha sido principalmente abordada por medios masivos de comunicación al servicio del empresariado, buscando lavar la imagen de la estatal Codelco.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA saludamos a los pueblos del hermano país del Ecuador, cuya lucha ha sido esencial para la defensa de los territorios en la región de América Latina, reflejándose en este caso. En una asonada del extractivismo a escala internacional, la protección de la Naturaleza ha sido protagonizada por décadas por organizaciones sociales y pueblos, ante iniciativas privadas y públicas que buscan llenar sus bolsillos a costa de la explotación.
Ya desde 2014 en Chile se realizaban acciones en solidaridad con los pueblos de Ecuador, interpelando directamente al presidente Rafael Correa por el avance de políticas pro extractivistas como el proyecto Llurimagua, como también fue reflejo de esto la visita de una delegación de Intag a Chile reuniéndose con diversas instituciones para dar cuenta de las vulneraciones del proyecto. Sin embargo, la participación de Codelco llevó a una manipulación y desviación del foco en los derechos de la población y la naturaleza, y se dirigió hacia la cobertura y visibilización de la inversión como una oportunidad para ambos países desligándose de su responsabilidad en la permanencia de la conflictividad socioambiental.
En este sentido, somos enfáticos en decir que esta situación da cuenta del comportamiento que ha adoptado Codelco como una transnacional más, tales como aquellas que operan en Chile afectando gravemente a comunidades y ecosistemas. Desde OLCA, nos parece alarmante el hecho de que una empresa de estas características, que ha reafirmado en su discurso público su rol desde el Estado, opte por cruzar fronteras para fomentar la vulneración de derechos, y no respete siquiera la decisión de la población que habita en los territorios.
Ante tal situación, y al ser una empresa estatal cuya inversión se realiza con dinero público, exigimos la fiscalización al accionar de Codelco en Ecuador por parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados y los organismos pertinentes, quienes puedan dar cuenta del alcance que han tenido las vulneraciones protagonizadas por la empresa estatal chilena y establezca las respectivas responsabilidades.
Asimismo, emplazamos a Codelco a que desista rotundamente del proyecto de explotación en Intag. Es momento de que, siendo una empresa estatal minera en Chile, respete la legítima opción de los pueblos en decidir, y se revisen profundamente sus obligaciones extraterritoriales.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
