La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) están llevando a cabo diligencias en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para investigar la liberación del sicario Osmar Ferrer, imputado por el asesinato del «Rey de Meiggs».
En el marco de estas diligencias, la jueza Irene Rodríguez y otros funcionarios del tribunal entregaron voluntariamente sus dispositivos celulares, que serán analizados para obtener información útil para la investigación.
Según el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se tomaron declaraciones en calidad de testigo a la jueza y a funcionarios del tribunal, y se incautaron computadores desde los cuales se hicieron las comunicaciones y otros antecedentes.
La Fiscalía busca determinar las circunstancias que rodearon la liberación del sicario y esclarecer si hubo alguna irregularidad o delito en el proceso.
La jueza Rodríguez declaró que «no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial» y que «solamente puedo decir que decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas».
Sin embargo, la Fiscalía aún no descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un error o una motivación indebida.
La PDI también emitió una Alerta Roja de Interpol para intentar encontrar a Ferrer, quien se encuentra prófugo. En total, se entrevistó a tres personas en el tribunal señalado y a cinco funcionarios de Gendarmería.
La investigación sigue en curso y se espera que se esclarezcan los hechos que rodearon la liberación del sicario.
