El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) advirtió que el nuevo reajuste salarial del sector público podría implicar un costo superior a los US$1.500 millones, cifra que triplica los US$634 millones asignados por la Ley de Presupuestos 2026 para cubrir los aumentos de remuneraciones.
Los gremios del sector público han solicitado un incremento real del 2%, equivalente a un reajuste nominal cercano al 5,4%, considerando la inflación acumulada hasta noviembre de este año. Según los cálculos de LyD, la holgura presupuestaria es insuficiente, ya que solo existe un 41% de los recursos necesarios para financiar la medida, sin contemplar gastos adicionales como aguinaldos, bonos especiales o beneficios para funcionarios con remuneraciones bajas.
El instituto enfatiza que el crecimiento sostenido del empleo público, aproximadamente 3,5% anual entre 2021 y 2024, alcanzando 939.000 funcionarios, aumenta aún más la presión sobre las cuentas fiscales. Aunque el Gobierno ha planteado que parte del mayor gasto podría financiarse mediante retiros voluntarios bajo la regla “uno por cada tres”, LyD advierte que el impacto de esta medida es incierto y variable, y que incluso en un escenario optimista de 5.000 retiros, el ahorro sería apenas de US$150 millones, muy por debajo del monto requerido para cubrir el reajuste solicitado.
En perspectiva histórica, LyD recuerda que en 24 de los últimos 34 años los reajustes salariales superaron la inflación, permitiendo aumentos reales en los salarios del sector público. Sin embargo, los costos fiscales asociados han crecido de manera significativa: en 2022, el gasto total para cubrir el reajuste nominal del 12% superó US$3.330 millones, mientras que en 2024 alcanzó US$2.132 millones considerando subsidios y otros beneficios.
Para el instituto, los desafíos centrales de este año son garantizar que el Gobierno cuente con respaldo suficiente en la Ley de Presupuestos y que la discusión sobre el reajuste considere la trayectoria creciente del empleo público, un factor que incrementa el costo futuro de cada aumento salarial. LyD advierte que, de no considerarse estas variables, los ajustes podrían generar un déficit fiscal superior al 50% respecto a lo presupuestado, tensionando aún más las finanzas del Estado.
