El proyecto de ley que busca reemplazar el polémico CAE (Crédito con Aval del Estado) por el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) se encuentra en un complejo escenario tras un dictamen de la Contraloría General de la República. El organismo desautorizó la fórmula contable del Gobierno y determinó que el FES debe registrarse como gasto público efectivo («sobre la línea»), y no como un «activo financiero» fuera del balance fiscal.
Según información entregada por el medio Ex Ante, esta decisión ratifica las advertencias previas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y pone en riesgo la viabilidad financiera del plan, que el Gobierno buscaba impulsar como una de sus principales promesas de campaña.
Debido a ello la polémica se centra en la clasificación del FES. La Dirección de Presupuestos (Dipres), liderada por Javiera Martínez (FA), lo había clasificado mayormente «bajo la línea», argumentando que era una inversión recuperable. Esto permitía presentar el proyecto sin afectar el déficit fiscal del año en curso.
Sin embargo, Contraloría zanjó la controversia, señalando que los recursos del FES «no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos».
Por su parte el diputado Miguel Mellado, quien solicitó el dictamen, calificó la decisión como un golpe directo a la iniciativa, a lo que definió como un ‘exocet en la línea de flotación’ del proyecto del fin al CAE, definió el diputado Miguel Mellado el dictamen de Contraloría…»
En ese sentido las responsabilidades apuntan al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (FA), y a Martínez, quienes impulsaron la fórmula a pesar de las alertas técnicas.
Pese al dictamen, el Gobierno anunció que presentará un recurso de reconsideración. En esa línea, Nicolás Cataldo, ministro de Educación, acusó a la prensa de tener titulares «tremendistas» y la vocera Camila Vallejo defendió el espíritu de la reforma: «Lo que nosotros vamos a defender siempre es que el financiamiento de los estudiantes no esté amarrado siempre a la banca privada.»
El proyecto, que incluye la condonación parcial o total a deudores del CAE y un sistema de pago futuro contingente al ingreso (tope del 7%-8% y exento bajo $500.000 mensuales), se discute actualmente en el Senado. De mantenerse el dictamen de Contraloría, el Ejecutivo se verá obligado a renegociar con la oposición la estructura financiera de la ley para avanzar en su tramitación.
