El ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió que las empresas que pidan la Clave Única a los ciudadanos pueden estar incurriendo en una falta y arriesgar sanciones penales. Esto se da en el contexto de la empresa Cualiffy, que ofrece un certificado laboral que reúne antecedentes como historial de denuncias ante tribunales laborales o licencias médicas de los trabajadores, datos que obtiene a través de la Clave Única.
Marcel enfatizó que la Clave Única es propiedad del ciudadano y nadie tiene derecho a pedirla sin autorización legal. «Una vez que una persona entrega su Clave Única no sabe qué uso va a tener posteriormente, eso significa que es importante recordarle a la ciudadanía que la Clave Única es reservada y nadie se la puede pedir», dijo.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, envió un escrito a Cualiffy solicitándole que cese el uso de la marca y el logo de Clave Única en su publicidad, ya que no tiene autorización para hacerlo. Además, se informó a los directores de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y el Sernac sobre la situación.
La empresa Cualiffy respondió mediante un comunicado de prensa, señalando que su sitio web no posee logos de Clave Única y que el proceso de descarga de un certificado es 100% voluntario y se activa solo si el propio usuario ingresa con su Clave Única.
Sin embargo, la subsecretaria de Hacienda advirtió que el uso de la Clave Única por parte de la empresa podría significar un altísimo riesgo de ciberseguridad y una afectación grave al derecho de la privacidad de los usuarios.
El Ministerio Público fue informado de la situación para determinar si existe un posible delito.
