La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio un golpe de justicia al acoger el recurso de amparo presentado por la familia de un recluso trasladado desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso hasta el de Alto Hospicio, a más de 2.000 kilómetros de sus seres queridos. La decisión ordena su inmediata reubicación, tras constatar que la distancia extrema vulnera derechos fundamentales y hace prácticamente imposible que sus familiares puedan visitarlo, afectando su proceso de reinserción social y recuperación tras una fractura en el brazo.
Desde el primer momento, la familia del interno denunció lo que calificaron como un traslado “arbitrario e inhumano”. “No entendemos cómo pueden alejarlo tanto de nosotros, cuando él necesita contención y apoyo familiar para superar su recuperación”, relató entre lágrimas la pareja del recluso, quien también pidió que se proteja la identidad de sus hijos.
Según Gendarmería, el traslado se realizó por motivos de seguridad, luego que el interno fuera sorprendido manipulando un arma cortopunzante de fabricación artesanal. La institución defendió que el cambio a Alto Hospicio permitiría garantizar su integridad y que el tratamiento médico por su fractura podría realizarse adecuadamente. Sin embargo, la Corte concluyó que ninguna de estas razones justifica mantenerlo a tal distancia de su núcleo familiar, indispensable para la reinserción social.
En un fallo contundente, los magistrados señalaron que, “no existen motivos categóricos y contundentes que justifiquen la mantención en una unidad penal tan distante a su familia, impidiéndole ejercer el derecho a visitas y a reinserción social”. Además, enfatizaron que la medida vulnera normas constitucionales, reglamentarias y tratados internacionales sobre dignidad, reinserción social y protección de la familia, incluyendo las Reglas de Mandela, que priorizan mantener la relación del interno con sus seres queridos.
El ambiente en Alto Hospicio y Valparaíso se tensiona mientras la orden se ejecuta. Funcionarios penitenciarios relataron bajo reserva que trasladar a un interno a 2.000 kilómetros es un desafío logístico complejo y costoso, que además genera un aislamiento emocional extremo para el reo. “Un traslado así cambia completamente la vida de un recluso, lo desconecta de su familia y aumenta el riesgo de deterioro emocional y psicológico”, admitió un funcionario que pidió anonimato.
La Corte fue clara al recordar que Gendarmería debe velar por la reinserción del interno y su derecho a mantener vínculos familiares. Por ello, ordenó que el recluso sea trasladado al Complejo Penitenciario de Valparaíso u otro recinto a no más de 300 kilómetros de su ciudad de origen, permitiendo visitas regulares de sus familiares y el acompañamiento necesario durante su recuperación médica.
Para la familia, esta decisión es un alivio y un triunfo frente a la injusticia percibida. “Por fin la justicia escuchó nuestra voz. Mi pareja no puede seguir sola a miles de kilómetros de quienes lo aman”, señaló la pareja del recluso, visiblemente emocionada. La medida además reabre el debate sobre la política de traslados de internos en Chile y la necesidad de equilibrar seguridad con derechos humanos.
Expertos en derechos penitenciarios coincidieron en que este caso sienta un precedente: “La seguridad es importante, pero nunca puede justificar medidas que destruyan el vínculo familiar y obstaculicen la reinserción social. Los traslados deben ser siempre proporcionales y justificados”, señaló el abogado especialista en derechos humanos, Fernando Castillo.
En definitiva, la Corte priorizó la familia, la dignidad y la reinserción sobre la lógica estricta de seguridad, enviando un mensaje firme a Gendarmería: los internos no son solo sujetos de custodia, sino personas cuyos derechos fundamentales deben ser respetados, incluso a miles de kilómetros de distancia.
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