Este miércoles, el Gobierno ingresará el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para su tramitación en el Congreso Nacional.
“Hace un año el presidente Gabriel Boric ingresó un nuevo reglamento para las tres causales, y también anunció un proyecto para el aborto legal. El día viernes en la tarde, la Contraloría tomó razón del reglamento que buscar que lo que nuestro país ya acordó el 2017 funcione en todo el país y resguarde en especial a las niñas en la causal de violación, la más frecuente para ellas”, expresó en rueda de prensa la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
Cabe señalar que ésta no será discutida por el legislativo hasta el próximo lunes debido a la semana distrital.
El ingreso de este proyecto, de ser aprobado, legalizaría la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo de 14 semanas, y establecería mecanismos en el sistema de salud.
En esta línea, la ministra Orellana señaló que, “los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar. A quienes apoyamos que esto sea una materia de política de salud pública, les invito a que demos un debate respetuoso”.
“Acá estamos estableciendo un plazo de 14 semanas. En muchos países del mundo, esto, bajo condiciones sanitarias seguras, no en la clandestinidad y con tráfico de medicamentos… en condiciones sanitarias seguras y sin condiciones base de riesgo, es un procedimiento que puede ser ambulatorio”, añadió.
Por lo tanto, la estrategia que van a remitir a una norma técnica, va a ser que esto vaya a “la Atención Primaria en Salud hasta las 12 semanas. En el plazo de 12 a 14 semanas, que de todas formas, de acuerdo a las cifras de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, son menos del 20%, la mayoría ocurre dentro de las 12 semanas, va a ser derivado a la Red Hospitalaria”, explicó la mandamás de equidad y género de Chile.
Por último, es preciso indicar que el costo financiero estimado es de $2.600 millones, que se divide, según asegura Orellana, esto se divide, “en la provisión de los medicamentos que son necesarios, de acuerdo a las guías clínicas actuales de la Organización Mundial de la Salud, para la interrupción medicamentosa; como también en algunos recursos humanos”.
