Un grupo de panaderos industriales de Iquique y Alto Hospicio, acusados de colusión por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), presentó sus descargos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La FNE los acusó de coordinar precios entre noviembre de 2019 y agosto de 2022, lo que constituye una infracción al artículo 3° del Decreto Ley 211.
Los panaderos reconocieron la existencia de reuniones y alzas de precios, pero alegan que no hubo intención de infringir la ley. Según ellos, las subidas respondieron a una situación límite provocada por el estallido social y la pandemia del Covid-19.
Samuel Campusano, dueño de la panadería Flor del Norte, declaró que «era vivir o morir si no subíamos el pan» y que las reuniones surgieron espontáneamente como una forma de enfrentar un escenario insostenible.
La defensa de los panaderos destacó que las empresas enfrentaron una situación de desesperación generalizada y que las reuniones fueron para emparejarse con el precio de Iquique y evitar cerrar. Algunos panaderos alegaron prescripción, ya que el supuesto acuerdo se concretó en diciembre de 2019 y la notificación del requerimiento ocurrió en abril de 2025, superando el plazo legal de cinco años.
La FNE solicitó al TDLC imponer multas por cerca de $65 millones en total a los panaderos industriales acusados y a las personas identificadas como líderes de la agrupación en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Además, pidió que se imponga como medida preventiva la exigencia de realizar capacitaciones en materia de libre competencia a todos los requeridos.
