Proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado busca limpiar el cielo urbano y entregar más herramientas a los municipios.
Por unanimidad, con 139 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que permitirá a los municipios retirar cables aéreos en desuso, una acción que hasta ahora solo podían realizar las empresas concesionarias conforme a la Ley 21.172.
La iniciativa modifica la Ley General de Telecomunicaciones y faculta a las municipalidades a actuar cuando las empresas no cumplen con los plazos legales para el retiro de los cables. Lo más relevante es que los gastos que provoquen estas acciones podrán ser cobrados a las empresas responsables.
CARGOS COMPARTIDOS EN CASO DE DUDA
El texto también establece que, si no se puede identificar al propietario de los cables, el municipio deberá notificar a todas las empresas autorizadas en la comuna sobre la fecha del retiro y los costos asociados. En esos casos, los gastos deberán ser reembolsados en partes iguales.
Para esto se aplicará el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, que permite usar como título ejecutivo el certificado emitido por el secretario municipal, acreditando el monto del retiro.
PROYECCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS
El proyecto incluye una indicación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que exime de responsabilidad a los municipios ante eventuales afectaciones en los servicios. Esto siempre que el retiro se realice conforme a lo establecido por la normativa y el procedimiento de la Ley de Telecomunicaciones.
La diputada Ana María Gazmuri, una de las impulsoras de la norma, valoró la aprobación señalando que “este proyecto enfrentó más trabas de las necesarias, algunas por parte del Ejecutivo. Aún así, logramos reponer lo que era justo y necesario, que las municipalidades puedan actuar sin quedar expuestas a demandas, y que las empresas se hagan cargo de lo que les corresponde”.
UNA INICIATIVA QUE RESPONDE A EMERGENCIAS PREVIAS
Gazmuri recordó que el proyecto nació luego del corte masivo de 2024 que afectó a más de un millón de personas en Santiago. “No podemos seguir esperando tragedias para ordenar nuestras ciudades. Chile necesita municipios con herramientas reales para actuar con eficacia y dignidad”, concluyó.
Ahora, el proyecto fue remitido al Senado para su segundo trámite legislativo, donde se espera un respaldo transversal, como el recibido en la Cámara.
