Fue el 20 de septiembre del año 2018 cuando se dictó el Decreto Alcaldicio (DA) que confirmaba la adjudicación de la contratación de servicio que realizaría la empresa Itelecom para la reposición del alumbrado público para la comuna de Iquique, y que, luego de realizarse la apertura de la investigación en la región de Tarapacá, se corroboró que, en otras ciudades, otros 22 municipios también habrían contraído un contrato con ellos.
Una situación que, en primera instancia, produjo una defraudación fiscal de, a lo menos, $500.000.000, – equivalentes a 10.413 UTM-, y significó, en segunda parte, la revelación del cometimiento de delitos de corrupción y lavado de activos, entre otros, en los que fueron parte concejales municipales y funcionarios públicos de varias carteras.
Lo anterior ya no es sorpresa, porque dentro del caso LED, hay varias aristas que aún sigue siendo de cuestionamiento comunitario, y si esta fuese una novela, se entraría al episodio más llamativo, ya que este jueves, el medio nacional Bío Bío, reveló que, León Marcelo Lefort Hernández, -dueño de Itelecom-, admitió que «coimeó a funcionarios públicos, abultó una licitación con un perjuicio fiscal de 500 millones de pesos y, aún así, zafó de la cárcel tras sellar un acuerdo con el Ministerio Público«, escribieron.
Lefort cumplirá sus penas en libertad, luego que a fines de febrero recién pasado, el Juzgado de Garantía de Iquique acogiera un procedimiento abreviado en su contra por los delitos de soborno reiterado, fraude al fisco y lavado de activos, y también deberá pagar un 10% de lo defraudado, o sea, cerca de $50 millones de pesos.
Además, el empresario deberá desembolsar 50 y 200 UTM (otros $17 millones en total) como multa por los delitos de soborno y lavado de activos, respectivamente. Todo, en módicas 12 cuotas mensuales a la Tesorería General de la República.
Cabe recordar que la investigación sobre el caso “Luminarias Led” se produjo cuando se develó que la empresa Itelecom se adjudicaba una licitación por $6.550 millones, a sabiendas de que esta era la oferta más cara del llamado, y que, incorporaba dentro del precio, el dinero destinado al pago de sobornos.
En el concurso participaron más de 10 empresas, y el resultado fue seguido de una denuncia anónima de irregularidades que llegó al escritorio del alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien inició una investigación interna y denunció el caso al Ministerio Público.
De ahí en adelante, iniciaron las indagaciones lideradas por el fiscal Gonzalo Guerrero, quien logró la formalización de 15 personas: cayeron concejales de Iquique, un exseremi de gobierno, y el mismísimo León Lefort.
Fue así como, tal como señala el medio citado, «entre fines de 2017 y principios de 2018, Daniella Vargas Barbaric, servidora municipal a cargo de confeccionar las bases de la licitación para el recambio masivo del alumbrado público en Iquique, habría recibido las coimas a cambio de entregar información reservada a Itelecom antes de que fuese publicada«.
«Esto le permitió a Lefort aumentar artificialmente e injustificadamente la oferta económica de su empresa, con el objeto de defraudar al fisco y con ese dinero extra pagar los sobornos«, detalla la publicación.
En esta línea, se evidenció que los concejales Guillermo Cejas Valenzuela (ind), Felipe Arenas Lama (UDI), Arsenio Lozano Vidal (PR) y Mitchel Cartes Tamayo (PS), también aceptaron beneficios económicos a cambio de aprobar la adjudicación.
Bío Bío indica, asimismo, que «el empresario reconoció la acusación presentada por la fiscalía, que lo sindicaba como el ideólogo de un entramado para “mojar” a cuanto funcionario municipal fuese necesario; concejales incluidos«.
De acuerdo a documentación, «las coimas fluctuaron entre los 16 y 30 millones de pesos. Bolsos con dinero en efectivo debieron ser acarreados vía terrestre por intermediarios desde Santiago a Iquique para evitar cualquier inspección en aeropuertos«, escribe el medio nacional.
«Para no levantar sospechas y contar con liquidez para el pago de las coimas, Lefort consiguió un palo blanco que le emitiera facturas ideológicamente falsas, por servicios que nunca se prestaron. Fue así como consiguió que la empresa José David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking, dedicada al rubro de los estacionamientos, emitiera tres documentos tributarios por un total de $171 millones», añade.
Actualmente, Lefort enfrenta un proceso judicial paralelo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por hechos de corrupción en el Ministerio de Energía y las municipalidades de Chillán, Negrete, Puerto Natales y Coyhaique. Esa causa está a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, quien está solicitando un total de 28 años de cárcel para el empresario.
