La Cámara de Diputados marcó un precedente en el país con la aprobación de una indicación para que tanto el Presidente de la República como los ministros y subsecretarios se sometan a un test de drogas obligatorio.
En una carta dirigida al Presidente, los diputados de la UDI, encabezados por el jefe de bancada Gustavo Benavente y el parlamentario Juan Antonio Coloma, solicitaron que Boric se realice el test idealmente en febrero, ya que la ley no fija una fecha específica para su implementación.
Los parlamentarios argumentaron que, en el contexto de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, sería un gesto ejemplar que el Presidente se someta al examen. Consideran que esto demostraría un compromiso claro con la responsabilidad pública y serviría como ejemplo para otros funcionarios.
“En virtud de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa nuestro país y en un contexto donde la ciudadanía exige cada vez más un comportamiento claro y responsable de parte de sus gobernantes, creemos que sería un gesto altamente ejemplar que usted, en su calidad de Presidente de la República, sea la primera autoridad en someterse al examen de drogas obligatorio, idealmente durante este mes de febrero”, señalaron en la misiva.
ANTECEDENTES
De acuerdo con la indicación, el mandatario de Chile y su equipo deberán someterse al test que descarta consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales de manera semestral al menos durante el este año 2025.
Desde el Gobierno de Boric hubo un rechazo a la medida que los obliga a someterse a dicho control. La vocera de gobierno evitó pronunciarse guardando silencio cuando entonces fue consultada sobre la indicación aprobada en 2024 con 81 votos a favor y 35 en contra más unas cuatro abstenciones.
DIJO “NO” AL TEST OBLIGATORIO
Polémica desató recientemente la diputada Ana María Gazmuri, militante del Partido Acción Humanista quien se negó a someterse a un test de drogas obligatorio para los legisladores. Desde la la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputado se habría sancionado con descuento de 15 % de su salario, mientras que la representante defendió su posición admitiendo el consumo de marihuana y hongos psilocibes prescritos médicamente.