La decisión, ejecutoriada el pasado 22 de enero de 2025, declara sin efecto las acusaciones por un presunto fraude fiscal vinculado a la entrega de alimentos en zonas aisladas durante la pandemia. La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó la suspensión del procedimiento penal contra el empresario Gunther Ziller Arjona, cerrando definitivamente su implicación en el caso “Cajas de Alimentos 2”.
La resolución unánime de la Primera Sala refleja que no existe reconocimiento de responsabilidad penal o civil por parte de Ziller. El fallo se fundamentó en los artículos 237 y 238 del Código Procesal Penal, que permiten suspender condicionalmente un proceso si se cumplen ciertos requisitos legales.
ANTECEDENTES
Las imputaciones iniciales, que señalaban un posible fraude en la ejecución de un convenio con la asociación de municipios rurales, fueron levantadas de forma irrevocable. El tribunal destacó que las condiciones pactadas con la Fiscalía no implican admisión de culpa alguna.
Gunther Ziller expresó su conformidad con el cierre del caso. Asimismo, Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Ziller, enfatizó que la sentencia “avaló de manera contundente la falta de fundamentos en las acusaciones”. Subrayó que el fallo, al estar ejecutoriado, no admite recurso ni revisión.
La resolución judicial incluyó a otros cuatro imputados: María Luisa Lemus; Dimitri Díaz; Ricardo Percic y Marcelo Valenzuela. Todos se acogieron a la suspensión condicional del procedimiento, ratificada por los ministros Pedro Guiza, Marilyn Fredes y Rodrigo Vega.
CASO CAJAS DE ALIMENTOS
El caso “Cajas de Alimentos” surgió en junio de 2020, cuando se revelaron irregularidades en licitaciones millonarias asignadas a empresas sin experiencia en distribución. Dos productoras de eventos y una chef obtuvieron contratos para suministrar alimentos en plena emergencia sanitaria.
La Intendencia de Tarapacá, liderada entonces por Miguel Ángel Quezada, adjudicó los servicios en medio de cuestionamientos por sobreprecios. La Contraloría detectó un exceso de $232 millones en el primer proceso de entrega y $282 millones en el segundo.
En octubre de 2022, el exdiputado Hugo Gutiérrez amplió la querella inicial, acusando a más personas de delitos como negociación incompatible, lavado de activos y asociación ilícita. Esta acción derivó en la formalización nuevos implicados.
