La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del Gobierno para extender por 90 días más el decreto que permite a las Fuerzas Armadas y policías realizar labores de resguardo en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Este respaldo busca continuar el control migratorio y la detección de delitos en los pasos no habilitados de la macrozona norte. La prórroga del decreto, iniciado en febrero de 2023 con el Decreto Supremo 78, ha sido renovada periódicamente con el fin de mejorar la seguridad en esta área.
En la votación, los diputados de Tarapacá Danisa Astudillos y Renzo Trisotti votaron a favor de la medida, mientras que Matías Ramírez se abstuvo. La solicitud presidencial resalta que el sistema de infraestructura crítica ha impulsado una coordinación efectiva entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, logrando “resultados concretos en la detección de ingresos irregulares”, según el informe de seguridad.
Las estadísticas muestran que, desde la implementación del decreto, se han realizado 24.095 tareas, de las cuales el 73,6% fueron patrullajes terrestres. En cuanto a controles de personas, se ha fiscalizado a 327.321 personas, la mayoría (77,5%) en Tarapacá. Además, se han detenido a 916 personas, con un 52,7% de estas por delitos y un 47,3% por faltas menores. En su conjunto, el despliegue en la macrozona norte ha involucrado a unos 510 efectivos diarios.
En el debate en Sala, algunos parlamentarios expresaron su apoyo a la medida pero señalaron su limitación frente a los desafíos migratorios actuales. “Es necesario avanzar hacia medidas complementarias y fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para enfrentar la migración ilegal”, afirmó Sebastián Videla. Se propuso también crear una unidad de policía militar especializada en el control fronterizo.
