El Gobierno presentó al Senado el veto presidencial a la reforma electoral, que propone extender la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales a dos días. Entre los cambios destacados en el veto están la reinstauración de una multa por no votar, que también afectará a los extranjeros, y la declaración del 27 de octubre como feriado irrenunciable.
La tramitación del proyecto de voto obligatorio ha avanzado, pero el gobierno ha intervenido con un veto que introduce cambios significativos. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció que el Presidente Gabriel Boric utilizó su poder para modificar el proyecto, reinstaurando una multa de 0,5 UTM para quienes no voten. Este veto también incluye la restitución del feriado irrenunciable en el día de la elección y una reducción en el reembolso para candidatos y partidos políticos, así como mejoras en la regulación de la propaganda electoral en redes sociales.
La Constitución le da la facultad al Presidente de la República para efectuar cambios en los proyectos de ley, modificando, eliminando o agregando aspectos a través de este sistema, denominado, “veto presidencial”.
El veto del gobierno parece ser una respuesta a las dificultades que encontró el proyecto durante su tramitación, que incluyó conflictos tanto entre oficialistas como opositores. A pesar de que el Ejecutivo ha introducido cambios con la intención de mejorar la eficacia del proceso electoral y controlar los costos, estas modificaciones también reflejan una falta de consenso y un intento de imponer soluciones unilaterales que podrían no ser del agrado de todos los actores involucrados.
Además, la tramitación ha estado marcada por una serie de complejidades y rechazos, como el informe de la Comisión Mixta que no fue aprobado. La intervención del Ejecutivo con un veto sustitutivo, supresivo y aditivo revela un esfuerzo por resolver las diferencias a través de ajustes que podrían ser percibidos como un acto de imposición gubernamental, más que como una solución consensuada. Esto podría aumentar la tensión y el conflicto entre los diversos actores políticos, complicando aún más el proceso legislativo.
