LAS RESPUESTAS QUE EL NUEVO SENAME AÚN NO LOGRA ENTREGAR: MEJOR NIÑEZ EN CRISIS

Actualmente hay 100 niños en listas de espera para ingresar a una residencia, las que están funcionando con un total de 4.700 infancias vulneradas y, en la mitad de los casos, con sobrecupo.

Más aún, niños y niñas con y sin antecedentes policiales se mezclan y, en un escenario en donde 43 hogares ya han cerrado, o están en proceso, a nivel nacional, la crisis migratoria ha agudizado la problemática. Más aún en Tarapacá.

Aquí entregamos detalles de un servicio que está en crisis y no ha cumplido la promesa que lleva su nombre: mejorar la niñez de los jóvenes y pequeños que dependen del Estado.

La información es de La Tercera.

Yenny Cruz, funcionaria de la residencia de la Fundación María de la Luz en San Felipe recibió a Justin de 15 años. Su papá estaba preso y su mamá tenía antecedentes. Llegó al hogar desde uno en Limache. Allí había agredido a una trabajadora que lo cuidaba.

En esa fecha, Mejor Niñez ya llevaba funcionando cinco meses y, pese a prometer reformular los programas de protección masivos y colapsado que ofrecía el Sename, ya estaba quebrantando sus propias reglas.

A Cruz no le quedó más que aceptar a Justin y, cuando ingresó a María de la Luz, contó que delinquía desde los ocho años.

En ese momento, la residencia de San Felipe recibía a niños y niñas, en su mayoría, menores de siete años.

Con su llegada, Justin empezó a influir en los más pequeños, quienes comenzaron a escapar de la residencia, cuyo carácter es abierto, y se los llevaba para que salieran a robar. “Antes de él, nunca habíamos tenido un chico con alguna actividad previa”, dice Yenny Cruz.

Agrega que “una vez se desajustó y empezó a romper vidrios y puertas de la residencia. Recibí el llamado de una educadora que estaba desesperada, casi llorando, porque los niños pequeños de la casa pensaban que él los iba a golpear. Yo sentía la quebrazón de vidrios en mi teléfono, escuchaba a otra tía decirles a los niños que no les iba a pasar nada, pero la tía que me llamó me contaba que estaban encerradas en la oficina, que necesitaban ayuda”.

Así llegaron los Carabineros y se llevaron a Justin detenido.

Según recuerda Lisette Allende, la directora ejecutiva de María de la Luz, en el tribunal decidieron que esa noche Justin debía regresar a la residencia. No obstante, los abogados de la fundación respondieron con un recurso de protección para evitarlo.

“Me decían que era vulnerador no recibir a un chico”, dice Cruz, quien señala que lo que buscaban era proteger a las otras 34 infancias que vivían en María de la Luz.

Finalmente, Justin fue destinado a otra residencia, esta vez para adolescentes. Él, un menor de edad que también había sido vulnerado en sus derechos, cuyas conductas provenían de la falta de padres o tutores responsables, fue uno más de un sistema que no logra dar respuestas.   

LOS INICIOS

En diciembre de 2021 en el parque Mahuida de La Reina, el entonces presidente, Sebastián Piñera, anunció que se realizaba el lanzamiento de Mejor Niñez, servicio inaugurado dos meses antes por la ministra Karla Rubilar y con la dirección, en ese momento, de María José Castro.

Mejor Niñez sería un paso importante para “poner a los niños primeros en la fila” y es que, durante los años, las autoridades habían estado cerrando los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) del Sename, para pasar a habilitar residencias “intentando reproducir lo más fielmente posible un ambiente familiar, con espacios más acogedores, más integrados a la comunidad donde exista y se cultiven esos lazos de afecto, de amor, que son tan propios de la familia”, decía el mandatario.

Así se lanzaba el servicio, uno que no había presentado mayores dificultades en su instalación, de acuerdo con el expresidente, y que nacía bajo el alero de un consejo de expertos.

LOS EXPERTOS

“Yo sentía que nosotros decíamos cosas, pero que al final no se tomaban tanto en cuenta en el servicio. No porque no las quisieran tomar en cuenta, sino porque el servicio iba como a otra velocidad”, dice la psiquiatra Carmen Lagos, quien estuvo desde el comienzo en Mejor Niñez.

Giannina Mondino, directora de la Unidad de Protección de la Defensoría de la Niñez, comenta que el Servicio se habilitó de un día para otro. “No hubo un periodo de implementación progresivo. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el servicio de reinserción social juvenil, donde hubo un plazo de proyección de al menos tres años. Además, cuando Mejor Niñez se instala, todavía no teníamos la ley de garantías que establecía que los niños no son de un servicio, sino que del Estado. Por lo tanto, Salud, Educación y Vivienda también tenían que intervenir”.

Pero no fue la única, pues Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, recuerda la premura para apurar la habilitación de Mejor Niñez. “Obviamente, uno en el último año de gobierno apura las cosas para que salgan. Porque si no, no tienes cómo controlar que luego el siguiente gobierno lo priorice. En ese sentido nos pareció que era mejor apurar la política pública, de modo de generar conciencia y urgencia al Estado respecto de su rol garante”, indicó.

Con la falta de coordinación y mientras las instituciones del Estado desconocían cuáles tareas específicas eran de su responsabilidad, el sistema de residencias comenzó a fallar.

“A veces los equipos de una residencia solicitaban hospitalización psiquiátrica por un problema que no era de riesgo vital psiquiátrico. Por ejemplo, una chica que estaba en una dinámica de explotación sexual y se escapaba todos los fines de semana y se ponía en riesgo de que la abusaran. Eso no se mejora con una hospitalización psiquiátrica. Entonces, el psiquiatra que estaba dice ‘no voy a hospitalizarla, porque no le va a servir’. Pero, por otro lado, el equipo de la residencia lo único que quiere es que alguien agarre a esa niña y la encierre para que no salga y no se meta en problemas”, cuenta Carmen Lagos. La psiquiatra a los seis meses de la implementación del Servicio ya había renunciado.

LAS CIFRAS

“Tú recibes alrededor de $1.400.000 de subvención por niño”, dice Lissette Allende y agrega que el gasto es de dos millones por cada uno. “Entonces tú ya partes poniendo plata”.

Esto, se suma al estudio realizado por la consultora Focus en 2022, solicitado por el Proyecto Juntos por la Infancia, que concluyó que si bien se habían aumentado las subvenciones estatales el costo real de las residencias se había elevado cerca de un 40% desde la pandemia.

Y como si fuera poco, ya han cerrado 43 residencias desde el 2023, donde la situación tampoco era prometedora o diferente, y existen 118 hogares con sobrecupo, es decir, el 48% acoge a más niños de los que deberían.

Actualmente hay 102 menores que reciben atención simultánea en el servicio de protección y en el de reinserción juvenil. Niños y adolescentes que, sobre todo, rotan por centros de El Maule, La Araucanía y Valparaíso, y que, por lo mismo, a veces terminaban en San Felipe, dice Yenny Cruz.

Peor aún, hay alrededor de 100 niños en lista de espera para una residencia en regiones críticas como Valparaíso, la Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá, según la información entregada por Victoria Becerra, directora (s) de la Defensoría de la Niñez.

“La verdad es que es mucho, mucho. Estamos teniendo más niños de los que las residencias fueron pensadas para tener”, dice Becerra.

A abril de este año 4.691 niños y niñas eran parte del sistema de residencias.

DIFICULTADES PAÍS

Las mismas dificultades que atravesaba el país también llegaron a los hogares.

“El fenómeno de la migración está generando medidas de protección para chicos y chicas que están solos, sin adultos a cargo. Cada vez es más frecuente que los jueces determinen que tienen que ingresar a residencias”, comenta la defensora (s) de la niñez.

Situación que Ignacio Concha, director ejecutivo de María Ayuda, confirma cada mes en los centros que dirige, pues en Iquique el 76% de los menores son de origen extranjero. Cifra abultada si se tiene en cuenta que en 2019 solo el 10% de la población era migrante.

LA TRAGEDIA

La idea de cerrar los Cread suponía habilitar más residencia de cuidados alternativos, pero esto no pasó y, por el contrario, la dinámica en donde niños y niñas vulnerados, que no cuentan con red de apoyo o parientes cercanos que los acojan, compartan hogar con aquellos adolescentes que han sido sancionados con penas que no significaban perder su libertad o que cumplían medidas cautelares, es del día a día.

“Mirando hacia atrás, quizás lo primero debió haber sido tener bien establecidos los mecanismos de priorización en la oferta”, admite Blanquita Honorato. Señala que debió existir una oferta adicional suficiente para los jóvenes y luego comenzar con el cambio.

Problemas de diseño, gestión y burocracia que trascendieron a los gobiernos de turno, ha permitido que el Estado continue empeorando sus vidas.

Entonces vale preguntarse, ¿quién se hace cargo por los niños, niñas y adolescentes que nadie quiere, cuando el Estado no está cumpliendo?

LOS PRIVADOS

La mayoría de los niños y niñas vulnerados en Chile son atendidos por una oferta tercerizada, es decir, privados que a través de licitaciones concursan por los cupos que se abren y que responden a perfiles específicos: varones menores de 14 años o madres embarazadas, por ejemplo.

Así de las 248 residencias que existen habitualmente, el 90% pertenece a privados, que en su mayoría son fundaciones. Ante la falta de cupos y la alta demanda de estos, las residencias que fueron pensadas como espacios familiares han mezclado a infancias con distintas trayectorias vitales.

“Estamos enfrentando problemas graves de poder responder a las necesidades que hoy día está teniendo el sistema. Tenemos la obligación de hacernos cargo de las medidas de protección que los jueces dictaminan en cada una de las causas. Entonces, uno no puede decir, oiga, ¿no sabe que no tenemos cupo? Tenemos el deber de ingresar a esos niños a la residencia que pueda presentar el mejor servicio de protección especializado”, enfatiza Becerra.

Niños que llegan sin informes, indicaciones técnicas o descompensados, como el caso que recuerda Yenny Cruz, de Valparaíso: A las 02:00 am de un sábado arribó personal del hospital con un niño que venía de una internación psiquiátrica.

“Esto fue en la madrugada de un fin de semana. No estaba el equipo técnico en la residencia para recibirlo, solo las educadoras. El chico despertó el domingo y no sabía dónde estaba. Obviamente se desajustó, porque nadie le había explicado nada y tampoco a nosotros. No sabíamos qué pasaba con su familia, qué pasaba con él. Ni siquiera llegó con sus medicamentos”, concluyó.

Historias trágicas y graves como estas abundan en las residencias.

NUEVO SISTEMA

Ausencia de planificación estratégica operativa, acusaba Gabriela Muñoz, la entonces directora de Mejor Niñez en junio del año pasado cuando expuso en el Congreso.

Además, el informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales concluyó que “el legislador no supo prever la complejidad que supone establecer una nueva institucionalidad con una renovada perspectiva frente a los NNA sujetos de protección”.

Por su parte, la Contraloría evidenció que el sistema adoleció de un procedimiento formal para estimar la demanda y la oferta de cupos que se requería.

Victoria Becerra entiende el diagnóstico. Dice que está trabajando en un modelo nuevo, con hogares más pequeños, más personalizados y con mayor flexibilidad de financiamiento:

“Podemos mejorar muchas cosas: los incentivos, mejorar la gestión, apoyarlo en ella. Pero en términos de solución, de encontrarles un espacio seguro para la reparación a esos niños, hoy día es muy difícil, porque los colaboradores están apremiados igual que nosotros. Esta crisis residencial es compartida entre el servicio y los organismos”, finaliza.