“Exploración”, “penetración” y “fase de consolidación”, ese era el plan de “Los Gallegos”, brazo operativo del Tren de Aragua en Chile, con el que pretendían controlar la venta de drogas en el norte del país e instalarse en la Región de Arica y Parinacota.
Así lo detalló la Fiscalía de Arica al iniciar su alegato de apertura en el juicio contra “Los Gallegos”.
«Lo que viene ahora es escuchar los alegatos de apertura del Ministerio del Interior y del resto de los intervinientes; esto es, de cada uno de los defensores. Por el número de personas que intervienen en esta causa, estos alegatos se van a extender por varios días, probablemente por una semana más incluso, y luego ya podremos empezar a rendir nuestra prueba o escuchar si alguno de los acusados quiere prestar declaración, esta es la etapa correspondiente para hacerlo», adelantó el fiscal regional, Mario Carrera.
De acuerdo con Carrera, en la primera fase de “Exploración”, el grupo delictivo identificó el sector del Cerro Chuño como su base de operaciones.
Ya en la fase de “penetración”, dominar a otras bandas rivales con violencia, a fin de ganar control en el territorio, era el objetivo.
Y, durante la “consolidación”, se establecieron financieramente, logrando la sostenibilidad mediante el lavado de dinero.
“Estamos entrando ya en tierra derecha y esperamos buenos resultados en el presente juicio, el cual se va a extender por varios meses”, agregó Carrera.
Los Gallegos desarrollaron una estructura delictiva que abarcaba desde el tráfico de drogas y secuestros, hasta homicidios y trata de personas para fines sexuales, pasando por el tráfico de migrantes e internación de armas de fuegos, entre más delitos, según detallo el persecutor.
DESARTICULACIÓN
A través de escuchas telefónicas a traficantes chilenos fue que comenzaron las investigaciones a “Los Gallegos”, pues en marzo de 2022 los criminales nacionales conversaron sobre la existencia de una organización extranjera que pretendía instalarse en el norte de Chile.
La investigación comenzó y «Los Gallegos» fueron desarticulados en junio del mismo año en un mega operativo realizado en el Cerro Chuño.
La Fiscalía está solicitando penas de presidio perpetuo para 11 de los 34 acusados, siendo la mayoría personas de nacionalidad venezolana, y más de 200 años de encierro para los restantes.
