La solicitud del Ministerio Público se fundamentó en las diligencias pendientes, solicitadas dentro de plazo, a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (BRIDEC PDI), tales como, la recopilación de información bancaria respecto de todos los socios del Club de Tenis, quienes constituyeron una sociedad de papel para traspasarse a ellos mismos el terreno del Club, y, posteriormente, lo vendieron a la inmobiliaria Marshall, repartiéndose los más de $3.000.000.0000.- (tres mil millones de pesos) de la venta, perjudicando al Club con el ‘vaciamiento patrimonial’, dejándolo sin inmueble para la práctica del deporte.
Enzo Morales, querellante del caso, señaló: «Una de las diligencias relevantes es el alzamiento del secreto bancario de todos los socios para seguir la ‘ruta del dinero’ repartido, junto con la pericia del ‘Libro de Actas’ del Club, que apareció por arte de magia, dónde se acreditan las maniobras engañosas y falsedad de las escrituras públicas que configuran el fraude.»
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN DE CIPER
Tras una investigación publicada por Ciper el año pasado, se señaló que el Club de Tenis Tarapacá era dueño de tres canchas frente a la Playa Bulnes. En 2019 su asamblea resolvió vender ese sitio. La oferta aceptada incluía un monto en dinero y un nuevo terreno para las instalaciones deportivas. Finalmente fue vendido a una inmobiliaria creada por socios del mismo club, los que pagaron $500 millones.
Entre los socios de la Inmobiliaria Tarapacá aparecen empresarios y abogados de renombre en Iquique. Según un acta de accionistas de mayo de este año, destacan Giorgio Macchiavello Yuras -hasta noviembre de 2016 miembro del directorio de Zona Franca de Iquique-; además de Juan Rebollo Zagal, seis veces abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Iquique entre 2003 y 2015; y Miguel Ortuño Nieto, empresario y excandidato a concejal por Iquique en 2008 y 2016, apoyado por el PPD, entre otros.