Bajo el nombre de “Voz Indígena”, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, fijó el 14 de octubre como día para la votación que establecería en la Constitución de ese país, un órgano de asesoramiento al Parlamento en relación con la población indígena.
Durante esta jornada, la iniciativa se convirtió en una prioridad para el Gobierno de Albanese, quien ha defendido que la enmienda podría mejorar la situación de ese grupo poblacional, que representan el tres por ciento de la población total de Australia.
“Podremos escuchar directamente a las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres sobre los desafíos que enfrentan en salud y educación, empleo y vivienda”, explicó el premier australiano.
Asimismo, reconoció que el referendo, si bien “no conducirá a soluciones inmediatas para todos los problemas”, “ayudaría a trazar el camino hacia una nación reconciliada”.
Anthony Albanese explicó, además, que “ese día cada australiano tendrá la oportunidad única en su generación” de “cambiar”, “para mejor, ya que será la primera consulta en el país en este siglo.
El jefe de Gobierno argumentaba también: “Votar ‘No’ no lleva a ninguna parte. Significa que nada cambia. Votar ‘No’ cierra la puerta a esta oportunidad de seguir adelante. (…) No cierren la puerta al reconocimiento constitucional, a escuchar a las comunidades para obtener mejores resultados”.
CONTROVERSIA
A principios de agosto, Essential Research, realizó una encuesta a nivel país, donde esta mostró que el apoyo a la iniciativa ha caído hasta un 43 por ciento. En caso de resultar aprobada, los indígenas australianos serían reconocidos oficialmente por la Constitución y obtendrían el derecho a ser consultados acerca de las leyes que afecten a sus comunidades.
En mayo del 2017, más de 250 líderes de las comunidades indígenas emitieron una declaración en la región del desierto de Uluru, en la cual pedían una mayor participación en los órganos gubernamentales y representación constitucional; pues no comparten muchas de las normas recogidas en la Carta Magna.
Más de 17 millones de votantes registrados en todo el país votarán sobre si se debe cambiar la constitución para reconocer a los habitantes originales de la tierra a través de un grupo asesor de las Primeras Naciones con línea directa con el gobierno.
