El ministro Luis Cordero encabezó el acto que dio el vamos a la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y perfecciona la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con una mirada sistémica, de manera de abordar con mejores estándares la situación de adolescentes y jóvenes que deben cumplir sanciones o medidas judiciales.
El ministro Cordero; el presidente (s) de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el defensor nacional, Carlos Mora; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter; la subsecretaria de Justicia (s), María Ester Torres; la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro; el director del Servicio Nacional de Menores, Rachid Alay; y la directora implementadora Servicio Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, entre otras autoridades, recorrieron el Centro de Justicia Juvenil Santiago, dialogaron con jóvenes y apreciaron la rutina de actividades que realizan; y luego participaron en la ceremonia que consagra el inicio del trabajo de preparación del nuevo Servicio.
El nuevo organismo es una prioridad de la administración del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su entrada en vigencia avanza en el cumplimiento de la obligación del Estado de Chile de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN) como un eje central de la gestión. Esta ley se suma al Servicio de Protección Especializada y la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, ambos ya en implementación.
El ministro Cordero subrayó que “el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil tiene no solo una simple pretensión de cambio institucional, sino que, ante todo, es un cambio de modelo de gestión pública en materia de reinserción. Supone la existencia de una política intersectorial, así como la alta especialización de quienes participan del Sistema de Justicia, es decir, los jueces, fiscales y defensores”.
El ministro dijo que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil mejora y moderniza el rol que cumple el Estado, fortaleciendo acciones concretas de reinserción de las y los jóvenes que han infringido la ley, a través de una mirada especializada, sistémica e intersectorial. El cambio se materializa en la creación de una nueva institucionalidad y una especialización del sistema de justicia para la aplicación de sanciones penales a las y los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años, trabajando coordinadamente por la reinserción social y la seguridad pública.
El organismo tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los adolescentes y jóvenes, a su integración social y a la implementación de políticas conjuntas con este fin desde los distintos sectores del Estado.
Iniciando con un año de preparación, el nuevo Servicio se implementará gradualmente por zonas a lo largo del territorio nacional, iniciando en la zona norte con las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; zona sur: regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes; y zona centro: regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana. Esta implementación gradual obedece a la necesidad de realizar un trabajo serio y sostenible en el tiempo, donde los aprendizajes de cada fase se incorporen en la ejecución de las siguientes.
7 claves del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil
- Será especializado y de alto nivel técnico.
- La atención para los jóvenes será centrada en la intervención, con un modelo y un soporte adecuado para la gestión del caso.
- Aumenta los estándares de calidad para el funcionamiento de programas e instituciones.
- Contará con un sistema especializado de administración de justicia juvenil: fiscales, jueces y defensores formados en la materia.
- Reforzará la respuesta del conjunto del Estado para asegurar el acceso a las prestaciones de salud, educación e inserción laboral y otras materias desde un plan de acción y una política nacional en la materia.
- Innovará a través de la mediación penal juvenil como una forma alternativa de resolución de los conflictos.
- Cambiará la relación con organismos privados que ejecutan programas, abandonando la lógica de subvenciones por un financiamiento asociado a estándares de calidad.
