El organismo recaudador advirtió que la estrategia judicial continuará con firmeza tras acumularse un perjuicio fiscal de $4 billones de pesos. Aunque las retenciones actuales se concentran en profesionales con sueldos sobre los $3,5 millones, la institución avisó que no detendrá los procesos ni suspenderá futuras acciones de cobro.
En medio del intenso debate nacional por el financiamiento de la educación superior, la Tesorería General de la República (TGR) endureció de forma inédita su estrategia de recaudación y confirmó que ha ejecutado más de 1.500 embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). A través de un detallado pronunciamiento público, el organismo fiscalizador validó la legalidad de sus procedimientos administrativos y lanzó una estricta advertencia: las acciones de cobro coactivo continuarán desplegándose a lo largo del país y el proceso no se limitará únicamente a los tramos de mayores ingresos.
De acuerdo con las alarmantes cifras entregadas por la institución, actualmente existen «más de 550 mil personas» que se encuentran en abierta morosidad con sus obligaciones financieras del CAE. Esta masiva evasión obligó a que el Fisco debiera cubrir dichos créditos ante la banca privada en su rol de aval, acumulando una millonaria deuda a su favor que supera los $4 billones de pesos, recursos públicos que el Estado ahora busca reintegrar de manera urgente al patrimonio fiscal.
Blindaje judicial: El «Fallo de Arica» y el portazo de la Corte Suprema
Para ejecutar esta agresiva ofensiva de retención de bienes y cuentas, la TGR reveló que cuenta con un sólido y definitivo respaldo de los tribunales de justicia. En específico, la institución se amparó en un fallo reciente dictado por la Corte de Apelaciones de Arica (causa Rol N° 300-2026), el cual rechazó un recurso de protección presentado por un deudor que buscaba dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo emitido en la Región de Arica y Parinacota.
La sentencia de la corte nortina validó por completo el marco legal del organismo, ratificando que la TGR está facultada para iniciar cobros coactivos una vez que la garantía estatal se hace efectiva. Este criterio se alinea con la jurisprudencia nacional, sumándose a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en la materia. Con esto, el máximo tribunal del país zanjó que la vía constitucional no es la idónea para eludir el pago de estas acreencias ni para cuestionar la naturaleza de la deuda.
Profesionales de altos ingresos en la mira, pero el proceso «irá por más»
Al analizar el perfil socioeconómico de los afectados, el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, puntualizado que, al iniciarse la estrategia en abril de 2026, las medidas se concentraron mayoritariamente en personas con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, datos verificados mediante las declaraciones del Año Tributario 2025.
Sin embargo, el organismo recaudador fue explícito en señalar que poseer un sueldo menor o un patrimonio más bajo no exime al deudor de futuras acciones judiciales. “El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones”, advirtió la TGR, confirmando que las demandas seguirán su curso regular contra el universo total de morosos.
Convenios especiales y salvavidas para cesantes
No todo el panorama es judicialización. Nobizelli destacó que durante lo que va de 2026 más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago flexibles, adaptados a la realidad económica declarada por cada usuario. Las facilidades incluyen condiciones especiales de cuotas para quienes perciben rentas bajas, buscando que los usuarios regularicen su situación antes de enfrentar un dictamen de embargo.
Para aquellos profesionales que actualmente se encuentren en situación de desempleo, la TGR dispuso de un mecanismo de protección especial. Quienes acrediten su cesantía en la Oficina Virtual de Trámites de la TGR —presentando su finiquito y un certificado de cotizaciones previsionales— podrán acceder a un convenio excepcional que fija un pie inicial y cuotas mensuales de tan solo 1 UTM. Desde el Ejecutivo reiteraron el llamado urgente a ingresar a la plataforma oficial del organismo para regularizar los montos pendientes y evitar verse expuestos a la retención de sus bienes corrientes.
