Un drástico endurecimiento en el control fronterizo anunció el gobierno desde el extremo norte. Hasta el Complejo Fronterizo de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, llegó este domingo el presidente de la República, José Antonio Kast, para firmar dos proyectos de ley contra la inmigración irregular. La principal iniciativa es una reforma constitucional para ampliar el plazo de retención administrativa de extranjeros con decreto de expulsión, pasando del límite actual de cinco días a un máximo de 60, prorrogable de forma fundada hasta alcanzar un tope de 180 días de custodia.
El anuncio coincidió con la revisión de las obras del Plan Escudo Fronterizo, que está a dos días de cumplir su meta del martes 9 de junio para consolidar los primeros 30 kilómetros de zanjas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, de un total proyectado de 500 kilómetros. Al respecto, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, precisó que «se terminó el paso de Chacalluta con trabajo conjunto de parte del Ejército y también de parte del Ministerio de Obras Públicas, con más de 10 kilómetros la intervención», añadiendo que en Colchane la inhabilitación de pasos «también superó los 10 kilómetros».
EXIGENCIA DE PLAZOS Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE RETENCIÓN
Para justificar la urgencia, el Ejecutivo expuso que entre 2018 y 2024 hubo más de 216 mil ingresos por pasos no habilitados. El presidente José Antonio Kast recalcó desde la frontera que «todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de sólo cinco días», advirtiendo que hoy, vencido ese lapso, quedan libres. En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la reforma busca «habilitar que el Estado pueda retener administrativamente, por sesenta días, prorrogables por dos veces, hasta 180 días, con revisiones judiciales».
Finalmente, el segundo proyecto introduce una modificación al Código Penal para crear el delito de tráfico de migrantes al interior del país, sancionando a quienes, con ánimo de lucro, trasladen a extranjeros en situación irregular. La norma también penalizará la facilitación de salidas ilegales desde Chile, elevando las penas si hay menores de edad afectados o si el delito es cometido por un funcionario público, igualando así el estándar penal de Colombia, Argentina, Perú y Ecuador.
