Una contundente acción fiscalizadora activaron los parlamentarios de oposición debido a los polémicos procedimientos de cobranza ejecutados en el país. La bancada de diputados del Frente Amplio solicitó explicaciones formales a la Tesorería General de la República, luego de recibir múltiples denuncias de usuarios afectados por el embargo completo de sus cuentas bancarias debido a morosidades en el Crédito con Aval del Estado.
A través de un requerimiento despachado este sábado, los legisladores exigieron transparentar las directrices institucionales que definen qué personas sufren estas retenciones masivas. La jefa de bancada del FA, la diputada Emilia Schneider cuestionó con dureza la medida y afirmó que «dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días».
La ofensiva busca frenar el desamparo financiero que golpea directamente a los profesionales y técnicos de menores recursos del territorio nacional. Sobre la realidad socioeconómica de los afectados, la diputada Emilia Schneider continuó y sostuvo que «más de la mitad de las y los deudores del CAE gana menos de 750 mil pesos», añadiendo de forma categórica que «no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades«.
Las cúpulas de la colectividad se plegaron de inmediato a los cuestionamientos, apuntando a una profunda contradicción en las prioridades de persecución económica del Ejecutivo. La presidenta del FA, la dirigente Constanza Martínez calificó los hechos como gravísimos ante los medios de comunicación y señaló que «la misma semana en que rechazan levantar el secreto bancario para perseguir la plata del crimen organizado, dejan sin un peso a quienes menos tienen. El clasismo de este Gobierno no solo es evidente: es inmoral».
La dirigencia parlamentaria de la tienda opositora confirmó que mantendrán bajo estricta vigilancia el desarrollo de este conflicto social, evaluando nuevas herramientas de resguardo legal para los usuarios del sistema de financiamiento estudiantil. La presidenta del FA, la dirigente Constanza Martínez finalizó y agregó que «estamos siguiendo muy de cerca el tema. Nuestras diputadas han fiscalizado y presentado proyectos. Y estamos evaluando nuevas acciones de protección a los deudores».
El conglomerado recordó finalmente que existe una propuesta legislativa estancada que busca incorporar la capacidad real de pago dentro de los procesos de cobranza judicial, con la finalidad de establecer un umbral mínimo de protección para todos aquellos profesionales que perciban ingresos inferiores a los 1,5 millones de pesos mensuales.
