BOLIVIA AL LÍMITE: UN MES DE BLOQUEOS GENERALIZADOS DESATA EL CAOS SOCIAL, DESABASTECIMIENTO CRÓNICO Y PÉRDIDAS MULTIMILLONARIAS

Las protestas que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz cumplen 30 días y hunden al país en una severa escasez de víveres, combustibles e insumos médicos. Con 10 fallecidos contabilizados por la Defensoría del Pueblo y pérdidas que superan los 3.300 millones de dólares, el Ejecutivo evalúa el estado de excepción como último recurso ante un conflicto sin vías de diálogo.

La República de Bolivia afronta una de las peores crisis institucionales y humanitarias de su historia reciente al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras generalizados. Las movilizaciones, que comenzaron el pasado 6 de mayo, han estrangulado la conectividad del país, provocando un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del territorio nacional. Esta situación viene a agravar profundamente la crisis económica que arrastran los bolivianos desde 2023, la cual ya estaba marcada por una aguda escasez de divisas y una galopante inflación. Ante la negativa de los manifestantes a deponer las armas y sentarse a negociar, crecen con fuerza las voces sociales y políticas que exigen al Mandatario decretar de forma inmediata el estado de excepción.

A continuación, revisamos las claves fundamentales para comprender el desarrollo y el impacto de este complejo escenario geopolítico:

1. Una «única demanda» radicalizada que se extiende por el país

Las drásticas medidas de presión son articuladas por una coalición compuesta por la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de la combativa ciudad de El Alto y facciones leales al exmandatario Evo Morales (2006-2019). Estos sectores sostienen con firmeza que su «única demanda» innegociable es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Si bien los cortes de ruta se concentraron inicialmente en el eje La Paz-El Alto, con el paso de las semanas la paralización se expandió de forma agresiva a ocho de las nueve regiones de Bolivia, registrando al menos un centenar de puntos de bloqueo activos. Los dirigentes movilizados acusan al Ejecutivo de marginarlos de la toma de decisiones y denuncian que Paz intenta privatizar y elevar las tarifas de los servicios básicos a través de un paquete de diez leyes regulatorias sobre energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos; acusaciones que el palacio de Gobierno ha desmentido tajantemente.

2. El devastador impacto económico y la pérdida de vidas humanas

Las consecuencias de este mes de paralización son catastróficas. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) encendió las alarmas al reportar que las pérdidas económicas ascienden a unos 2.100 millones de dólares, golpeando con dureza tanto al gran empresariado privado como a miles de trabajadores independientes que viven del día a día. Paralelamente, el sector turístico registra perjuicios por 1.230 millones de dólares, sumado a un daño incalculable en la «imagen-país» internacional, según datos entregados por el Ministerio de Turismo.

Más allá de las cifras monetarias, el costo más doloroso ha sido en vidas humanas. La Defensoría del Pueblo ha contabilizado un total de 10 personas fallecidas en el contexto del conflicto. De ellas, siete corresponden a pacientes que murieron atrapados en las rutas sin poder recibir atención médica oportuna, mientras que las otras tres fallecieron directamente en los enfrentamientos de las protestas, incluyendo a un manifestante que resultó muerto por un disparo durante un operativo de desbloqueo de las fuerzas del orden.

3. Geopolítica y el respaldo internacional a la administración de Paz

En el plano internacional, el conflicto ha provocado un fuerte alineamiento diplomático. Los Gobiernos que integran el Escudo de Las Américas, bloque promovido por Estados Unidos, expresaron su irrestricto respaldo al presidente Rodrigo Paz y denunciaron abiertamente un intento de «derrocar» al Gobierno legítimo mediante movilizaciones que, según acusan, estarían siendo financiadas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico.

Para paliar la crisis humanitaria, Bolivia comenzó a recibir ayuda de Estados Unidos, Perú y Chile, mientras que Argentina dispuso el envío de aviones de carga para reforzar un «puente aéreo» que permite el traslado de alimentos esenciales hacia La Paz y El Alto. En este tenso ambiente internacional, el Ejecutivo boliviano adoptó medidas drásticas al expulsar del país a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, tras considerar como una «injerencia intolerable» las declaraciones emitidas por el presidente colombiano Gustavo Petro respecto a la crisis interna.

4. Operativos fallidos y un diálogo completamente quebrado

La respuesta gubernamental en el terreno no ha rendido los frutos esperados. La Policía Boliviana en conjunto con el Ejército efectuaron dos masivos operativos los días 16 y 23 de mayo para intentar habilitar un «corredor humanitario» en la carretera troncal de la zona andina. Ambos intentos fracasaron y culminaron en violentos enfrentamientos y disturbios con los comuneros.

Pese a los esfuerzos de mediación de la Iglesia católica, el Parlamento, la Defensoría del Pueblo y diversas ONG de derechos humanos, todas las instancias de acercamiento han fracasado debido a los duros condicionamientos de los huelguistas. La tensión escaló al límite este viernes, luego de que los campesinos aimaras del altiplano de La Paz emitieran un ultimátum definitivo exigiendo la salida de Paz, aunque el jefe de Estado insistió en que su primera opción sigue siendo la vía pacífica.

5. El Estado de Excepción: La última carta del Ejecutivo

Con el fantasma del desabastecimiento total rondando las principales capitales, la opción de aplicar la fuerza militar mediante un estado de excepción constitucional cobra cada vez más fuerza. La opción tomó forma luego de que las protestas iniciales derivaran en la quema y saqueo de oficinas públicas y privadas.

En el plano legislativo, el Parlamento ya abrogó una ley restrictiva del año 2020 que limitaba el accionar de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna, mientras que el Senado aprobó con celeridad un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para potenciar y reforzar las atribuciones de las fuerzas de seguridad en las calles. Al respecto, el presidente Rodrigo Paz fue enfático en señalar que, si bien priorizará el diálogo, utilizará todas las herramientas legales y constitucionales que correspondan para restablecer el orden público y salvar a Bolivia del colapso.