El jefe comunal, Orlando Vargas, arriesga severas multas económicas y una eventual destitución de su cargo si no regulariza su situación ante el organismo fiscalizador en un plazo de 10 días hábiles.
Una compleja situación administrativa y política sacude al norte del país. La Contraloría General de la República (CGR) emitió un duro apercibimiento dirigido a 15 alcaldes de distintas regiones de Chile, debido al incumplimiento en la presentación de la actualización obligatoria de sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP). Entre las autoridades notificadas por el ente fiscalizador figura de manera prioritaria el alcalde de Arica, Orlando Vargas, lo que encendió de inmediato las alarmas en la capital de la Región de Arica y Parinacota.
Este trámite, exigido de forma estricta por la legislación vigente, constituye una de las herramientas fundamentales del Estado para resguardar la probidad en la función pública y prevenir eventuales enriquecimientos ilícitos o conflictos de interés. La advertencia formal del organismo contralor fue emitida el pasado 27 de mayo, tras detectarse que los jefes edilicios omitieron renovar sus antecedentes financieros y patrimoniales en los plazos legales establecidos.
Plazo fatal: 10 días para evitar sanciones
Mediante oficios despachados directamente a cada una de las jefaturas comunales involucradas, la CGR otorgó un plazo perentorio de 10 días hábiles para que los municipios regularicen la situación y remitan a la brevedad las respectivas declaraciones rezagadas.
Desde el ente supervisor señalaron con claridad que, en caso de persistir el incumplimiento una vez vencido dicho plazo, se procederá de forma inmediata a la apertura de procedimientos sancionatorios. Todo esto, conforme a lo estrictamente establecido en la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
El fantasma de la destitución y costosas multas
La normativa chilena es sumamente drástica con aquellas autoridades que deciden no transparentar sus bienes. De no acatar el requerimiento enviado por la Contraloría, el alcalde de Arica y los demás ediles involucrados se exponen en primera instancia a multas que van desde las 5 hasta las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), un fuerte golpe económico a los bolsillos de las autoridades.
Sin embargo, el escenario más crítico para la estabilidad de la Municipalidad de Arica radica en el artículo punitivo de la ley que resguarda la continuidad del cargo:
«Si transcurren cuatro meses desde la aplicación de la sanción inicial y la autoridad comunal continúa sin regularizar su situación de transparencia, podría incluso ser destituida de su cargo de forma definitiva«.
La lista negra de la Contraloría
La acción fiscalizadora, que forma parte de las facultades permanentes de la CGR para verificar que el poder político cumpla con los estándares mínimos de transparencia, incluyó a un total de 15 alcaldes a lo largo del territorio nacional:
- Región de Arica y Parinacota: Arica.
- Región de Antofagasta: Sierra Gorda.
- Región de Valparaíso: Rinconada, Santo Domingo y Quintero.
- Región Metropolitana: San José de Maipo.
- Región del Maule: Empedrado.
- Región del Bío Bío: San Rosendo, Lota y Alto Bío Bío.
- Región de La Araucanía: Melipeuco, Los Sauces y Toltén.
- Región de Los Lagos: Los Muermos.
- Región de Magallanes: Cabo de Hornos.
La comunidad ariqueña queda ahora a la espera de que la administración municipal local ingrese los antecedentes requeridos antes del vencimiento del plazo legal, resguardando la institucionalidad y la fe pública de la puerta norte de Chile.
