La hoja de ruta 2026-2030 contempla la intervención de 50 barrios prioritarios, blindaje con biometría en fronteras, el despliegue de siete Fuerzas de Tarea especializadas y cárceles de máxima seguridad con bloqueo total de señal telefónica.
En una sesión clave ante la sala del Senado, el Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó formalmente el Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030. Esta nueva estrategia de Estado se alza como una robusta hoja de ruta compuesta por 65 medidas concretas destinadas a frenar el avance de las organizaciones criminales, devolver el control territorial a las instituciones y restituir la tranquilidad en los hogares chilenos.
La ambiciosa estructura del plan se divide en 39 acciones operativas inmediatas y 26 proyectos de ley con urgencia priorizada. Todo el despliegue está articulado estratégicamente bajo tres ejes centrales y siete focos específicos de gestión que apuntan directamente al corazón del narcotráfico, el sicariato y la impunidad.
“La seguridad también exige un cambio cultural: volver a poner del lado correcto a las víctimas, a las familias honestas y a las policías. Durante demasiado tiempo se normalizó la impunidad y se relativizó el respeto a la ley. Nosotros vamos a hacer lo contrario: respaldar a quienes cumplen, perseguir a quienes delinquen y poner al Estado a trabajar con decisión, coordinación y presencia en terreno”, enfatizó con fuerza el ministro Martín Arrau durante su alocución.
Los tres pilares de la nueva estrategia estatal
El Plan Operativo no solo busca reaccionar ante los delitos, sino reconfigurar por completo el mapa de resguardo en el país a través de tres áreas de acción bien definidas:
- Prevención Temprana y Focalizada: Busca anticiparse al delito mediante programas sociales específicos, el robustecimiento de la atención integral a los afectados y el blindaje de niños y adolescentes vulnerables para evitar su reclutamiento por bandas criminales.
- Recuperación del Control Territorial: Constituye el núcleo con mayor despliegue de fuerza. Consiste en una intervención táctica permanente del Estado en fronteras, rutas, barrios, recintos penitenciarios y puertos que hoy se encuentran bajo la amenaza del crimen organizado, utilizando para ello Fuerzas de Tarea altamente especializadas.
- Fortalecimiento de las Capacidades del Estado: Contempla un incremento sustancial en la dotación de las policías, la profunda modernización de los sistemas de inteligencia y el establecimiento de una sola línea de mando para consolidar el Sistema de Seguridad Pública.
Radiografía de las medidas más urgentes e innovadoras
El documento ingresado al Congreso expone intervenciones severas en áreas que la ciudadanía venía exigiendo con urgencia:
- Intervención en 50 barrios prioritarios: El Ejecutivo iniciará la recuperación de espacios públicos y patrullajes preventivos focalizados en 20 polígonos operativos iniciales durante este 2026, en estrecha alianza con los municipios.
- Creación de siete Fuerzas de Tareas Especializadas: Por primera vez, el Ministerio de Seguridad Pública coordinará equipos de élite dedicados de manera exclusiva a combatir fenómenos de alta complejidad como secuestros, sicariato, ciberdelitos, contrabando, lavado de activos y violencia rural organizada. El objetivo central será golpear las estructuras financieras de las bandas.
- Plan Escudo Fronterizo y puertos seguros: Se implementará tecnología de biometría en los pasos fronterizos más críticos para frenar la migración irregular descontrolada y el ingreso clandestino de armas. En paralelo, se reforzará el control marítimo instalando sistemas de escaneo de carga pesada en los puertos de Valparaíso y San Antonio.
- Mano dura en los penales: El plan establece la creación de nuevos módulos de máxima seguridad y el bloqueo total y absoluto de las señales telefónicas en las cárceles, terminando de raíz con las operaciones delictivas y extorsiones comandadas por líderes criminales desde el interior de las celdas.
Respaldo policial y una robusta agenda legislativa
Conscientes de que la operatividad requiere sustento legal, el Plan incorpora un paquete de 26 proyectos de Ley priorizados. Entre las reformas más destructivas para la delincuencia se encuentran la ampliación del plazo de flagrancia, el juicio oral en ausencia para delincuentes prófugos y una nueva Ley Orgánica de Gendarmería.
Además, se busca saldar una deuda histórica con las fuerzas de orden mediante la modernización de las carreras funcionarias de Carabineros, PDI y Gendarmería, garantizando una mejor formación y un estricto respaldo jurídico al uso legítimo de la fuerza, factor clave para atraer nuevos reclutas y recuperar los niveles de dotación en las calles.
“El desafío es enorme, pero también lo es nuestra convicción y determinación. La libertad vuelve de la mano de la seguridad, y la seguridad vuelve de la mano de un Estado que decidió recuperar el control”, sentenció el jefe de la cartera de seguridad al cierre de la sesión.
