Pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme enfrenta cuestionamientos tras adjudicación de un beneficio habitacional destinado a familias vulnerables. Fiscalía ya abrió una investigación por eventuales irregularidades.
Una investigación penal abierta en la región de Magallanes puso en el centro del debate público a Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, luego que surgieran cuestionamientos respecto a la obtención de un subsidio habitacional destinado a familias de mayor vulnerabilidad social.
La controversia se instaló tras una denuncia ingresada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes ante la Fiscalía Local de Punta Arenas y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que advirtió posibles inconsistencias en la información entregada durante el proceso de postulación al beneficio habitacional.
¿Quién es Susan Chicuy Godoy?
Hasta ahora, Susan Chicuy Godoy no era una figura de alta exposición pública. Sin embargo, su nombre comenzó a ser ampliamente mencionado debido a su vínculo con el actual diputado republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme, con quien mantiene una relación de larga data y tiene hijos en común.
De acuerdo con antecedentes que forman parte de la investigación, Chicuy además habría compartido participación en distintas sociedades comerciales junto al parlamentario, entre ellas empresas ligadas a asesorías, capacitación y agroproductos. Estos antecedentes forman parte de los elementos revisados por los organismos que hoy indagan el caso.
El subsidio que detonó la polémica
El foco de la controversia apunta a la adjudicación de un subsidio habitacional asociado al proyecto “Estepa Austral I”, un programa destinado prioritariamente a grupos familiares pertenecientes a los tramos de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.
Según la denuncia presentada por Serviu Magallanes, la postulación de Susan Chicuy Godoy habría contenido omisiones relevantes sobre ingresos familiares, composición del núcleo familiar y antecedentes patrimoniales, factores que resultan determinantes para definir el acceso a este tipo de beneficios estatales.
Uno de los puntos observados es que, según la presentación realizada ante el Ministerio Público, no se habría incorporado al entonces consejero regional —y hoy diputado— Alejandro Riquelme dentro del grupo familiar declarado, pese a mantener una relación y tener hijos en común. Esa situación, según el documento, habría incidido en la categorización de vulnerabilidad utilizada durante el proceso de evaluación.
En términos simples, la denuncia sostiene que, de haberse informado la totalidad de los antecedentes socioeconómicos y patrimoniales, la beneficiaria eventualmente no habría calificado dentro del universo prioritario para acceder al subsidio habitacional. No obstante, aquello es precisamente lo que ahora deberá esclarecer la investigación penal en curso.
Investigación en curso: qué se está indagando
La Fiscalía Local de Punta Arenas ya instruyó diligencias para establecer si existieron irregularidades en la asignación del subsidio y determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales.
Dentro de los antecedentes bajo revisión aparece también el mecanismo mediante el cual Chicuy habría ingresado al proyecto habitacional, luego de un eventual reemplazo de beneficiario. La denuncia sostiene que existirían dudas sobre el procedimiento utilizado al interior del sistema de adjudicación, aspecto que igualmente será materia de análisis por parte del Ministerio Público.
Asimismo, exfuncionarios y autoridades ligadas al proceso han entregado versiones contrapuestas respecto al procedimiento aplicado, defendiendo o cuestionando la legalidad del mecanismo utilizado durante el periodo en que se otorgó el beneficio.
La defensa del diputado Alejandro Riquelme
Frente a los cuestionamientos, el diputado republicano Alejandro Riquelme descartó irregularidades y afirmó que la existencia de una investigación no implica necesariamente responsabilidad o culpabilidad.
El parlamentario también planteó que la difusión del caso coincide con una etapa en que ha intensificado fiscalizaciones relacionadas con proyectos habitacionales en Magallanes, deslizando cuestionamientos sobre el momento en que se hicieron públicos los antecedentes.
Un caso que abre debate sobre focalización de beneficios
Más allá de las eventuales responsabilidades individuales, el caso volvió a instalar la discusión sobre los mecanismos de control para la asignación de subsidios habitacionales en Chile y la verificación de antecedentes socioeconómicos al momento de postular.
Especialistas han sostenido reiteradamente que la correcta actualización del Registro Social de Hogares y la transparencia en la información declarada son factores esenciales para asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad.
Por ahora, la situación permanece bajo investigación y serán los organismos competentes los que deberán determinar si existieron o no irregularidades en el proceso.
