El director nacional del organismo, Fernando Peña, ingresó una denuncia criminal ante el Ministerio Público, la Contraloría y el CDE por supuestas anomalías gravísimas ocurridas en el periodo anterior. Por su parte, la exdirectora Camila Rubio tildó la ofensiva de «cortina de humo» y aclaró que los contratos cuestionados corresponden a una licitación amarrada en 2020.
Una severa tormenta política y judicial estalló en los estamentos del sistema de educación y asistencia social chileno. En lo que representa la primera gran ofensiva judicial de una repartición pública del actual Gobierno tras el término de las revisiones internas, la Dirección Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ingresó una serie de denuncias ante el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por graves irregularidades financieras y administrativas.
La acción legal fue presentada de forma presencial por el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, directamente ante el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. El libelo apunta a presuntos delitos económicos y de probidad que habrían tenido lugar bajo la pasada administración del expresidente Gabriel Boric, detectados a través de minuciosas auditorías internas instruidas de inmediato al asumir el actual período presidencial.
Raciones fantasma y el salto al mundo privado: Los dos pilares de la denuncia
De acuerdo con los antecedentes técnicos expuestos por el Ejecutivo, los análisis contables arrojaron anomalías calificadas formalmente como “gravísimas”. El primer y más millonario flanco de investigación criminal se centra en el pago indebido de 14 mil millones de pesos por raciones de alimentos y onces que jamás llegaron a los escolares, un millonario perjuicio fiscal que, según se detalló, se concentró específicamente en tres unidades territoriales pertenecientes a la Región de O’Higgins.
El jefe del servicio, Fernando Peña, detalló en las afueras de la Fiscalía que se detectaron de forma fehaciente “pagos por onces que no se entregaron (…) y modificaciones de contrato sin toma de razones, circunstancia que se debió haber hecho en el año 2022 y 2023, que es lo que permite y facilita finalmente que se realicen estos pagos”. Peña precisó que el millonario servicio cuestionado fue asignado mediante trato directo a la empresa operadora de alimentos Soser.
El segundo eje de la denuncia golpea directamente la gobernanza interna institucional, apuntando a las actuaciones de un exasesor jurídico de la Junaeb que ingresó a la repartición en 2018 y se mantuvo hasta el año 2022.
Según el texto ingresado a los tribunales, este funcionario habría visado y modificado contratos clave para inflar y aumentar los montos por unidad de las raciones sin contar con la supervisión ni el visado obligatorio de la Contraloría, beneficiando de forma arbitraria a holdings privados. Las sospechas de la actual administración se fundan además en un evidente conflicto de interés: tras dejar el aparato público en 2022, el aludido pasó a desempeñar funciones gerenciales estratégicas en la misma empresa Soser, configurando la presunción de un delito de negociación incompatible o tráfico de influencias.
La defensa de la administración anterior: «Es una cortina de humo»
La réplica política y técnica desde el entorno de la administración anterior no se hizo esperar. Al ser requerida por Radio Bío Bío, la exdirectora nacional de la Junaeb, Camila Rubio, desmintió de forma tajante cada uno de los puntos del libelo y aseguró que los cuestionamientos del Ejecutivo corresponden a procesos amarrados mucho antes del arribo de su equipo al servicio.
“Las acusaciones que acá se están haciendo corresponden a una licitación del año 2020 del gobierno de Sebastián Piñera”, fustigó Rubio de forma categórica, saliendo en defensa de su gestión. La exautoridad añadió que las anomalías con la proveedora no representan un escenario nuevo para el Estado: “Esto no son temas nuevos, esto fue investigado por Contraloría. Ellos no solo revisaron y descartaron la denuncia de los 3.500 millones por las 30 raciones, auditó todo el período de contrato y sus pagos”.
Junto con la defensa técnica de los balances, Rubio deslizó una dura lectura política respecto a las verdaderas intenciones del actual oficialismo con esta presentación en tribunales, asegurando que la acción legal del Gobierno busca “tapar y soslayar” una serie de recortes presupuestarios que la actual administración pretende aplicar en la Junaeb y en el Ministerio de Educación.
Pese a los descargos de la exdirectora, desde las actuales oficinas de la Junaeb advirtieron que la indagatoria liderada por el fiscal Eugenio Campos es de carácter incipiente y que, en la medida en que avancen las pericias contables y las auditorías que aún siguen en curso, no se descarta la ampliación de las querellas o la presentación de nuevas acciones legales ante la justicia ordinaria y los órganos fiscalizadores del Estado.
