Una millonaria condena por falta de servicio dictó el Tercer Juzgado de Letras de Iquique en contra de la Ilustre Municipalidad de Iquique, tras acreditarse su responsabilidad en un fatal accidente peatonal ocurrido en abril de 2025. El dictamen obliga a la casa edilicia comandada por el alcalde Mauricio Soria Macchiavello a indemnizar a la familia de un adulto mayor que perdió la vida en la vía pública.
El trágico hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, específicamente en la intersección de calles Tarapacá con Vivar. Por ese lugar caminaba la víctima, Hugo Rocha Riveros, de 76 años, quien tropezó con una malla plástica mal instalada y cayó de frente sobre unos fierros de construcción sin señalética que perforaron su tórax.
A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Iquique, el vecino falleció a los pocos minutos debido a un shock cardiogénico provocado por la gravedad de las heridas. Ante esto, su hija Andrea Rocha Palape y su nieta menor de edad interpusieron la acción legal acusando un abandono de los deberes de mantención de aceras.
La defensa de la municipalidad intentó desmarcarse culpando a terceros por ejecutar obras viales. No obstante, la justicia desestimó el argumento recordando que las calles son bienes nacionales de uso público cuya administración segura e inspección permanente le corresponden por ley exclusivamente al municipio.
El magistrado subrogante del tribunal, Álvaro Arriagada Fernández, argumentó con fuerza la falta de servicio estableciendo que «al finalizar las obras, una vez que la empresa contratista instalara un cierre para resguardar el trabajo realizado con fierros verticales y una malla tampoco la demandada realizó una fiscalización, no dispuso de alguna señalética, ni realizó ninguna medida tendiente a evitar un accidente debido a la manifiesta peligrosidad de dicha instalación».
El juez Álvaro Arriagada Fernández complementó el reproche a los fiscalizadores municipales detallando que la negligencia «no la puede obviar considerando que fue advertido por la Central de Cámaras de video (…), la que es monitoreada por personal a su cargo y en especial atención a que los trabajos en la vía pública estaban siendo realizados en pleno centro de esta ciudad».
Finalmente, el tribunal acogió la demanda civil interpuesta por los abogados Patricio y Fernando Canales, ordenando pagar $20.000.000 para la hija, $10.000.000 para la nieta por concepto de daño moral, más $14.643.420 por lucro cesante tras cortarse la pensión del hogar. La suma total supera los $44 millones de pesos que deberán cancelarse reajustados conforme al IPC.
