En una declaración pública, la máxima autoridad regional reconoció que, pese a la experiencia profesional de la funcionaria, su nombramiento afectaba los principios de objetividad de la institución, solicitando su renuncia inmediata al cargo.
La Fiscal Regional de Tarapacá, Virginia Aravena, emitió una declaración pública oficial para informar la salida de la jefatura de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT). La decisión se tomó tras una serie de cuestionamientos surgidos a partir del nombramiento de dicha jefatura.
Aunque la autoridad inicialmente defendió la designación basándose en criterios de confianza profesional, experiencia y conocimiento previo de la persona (quien ya había desempeñado cargos de jefatura en administraciones anteriores), terminó reconociendo que la situación dañaba la imagen del organismo.
El peso de la imparcialidad
En un ejercicio de autocrítica, la Fiscal Regional señaló que, dadas las circunstancias, el nombramiento podía «afectar la percepción de imparcialidad que debe resguardar el Ministerio Público». Ante este escenario, solicitó formalmente la renuncia al cargo de la funcionaria, decisión que ya fue acogida.
«Como autoridad regional, tenemos el deber de resguardar la confianza pública en nuestras decisiones», expresó la Fiscal, admitiendo además que la situación debió haber sido evaluada con «mayor cuidado» antes de proceder con la contratación.
Compromiso con la transparencia
Para cerrar la controversia, la jefatura regional reiteró su compromiso con los principios de probidad, transparencia y objetividad que rigen al Ministerio Público. Con este movimiento, se busca asegurar el correcto funcionamiento de la Fiscalía Regional de Tarapacá y calmar las críticas externas sobre posibles conflictos de interés o falta de prolijidad en los procesos de selección interna.
