VENEZUELA APRUEBA AMNISTÍA HISTÓRICA, PERO DEJA FUERA A QUIENES PROMOVIERON LA VIOLENCIA ARMADA
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una nueva Ley de Amnistía destinada a personas condenadas por hechos vinculados a crisis políticas ocurridas entre los años 2002 y 2025. La normativa establece beneficios judiciales, pero fija límites estrictos al dejar fuera a quienes hayan participado en acciones armadas o delitos considerados graves.
La iniciativa fue respaldada por todos los diputados presentes y ahora pasa a la etapa de promulgación tras ser enviada a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, para su firma y publicación oficial.
EXCLUSIONES POR DELITOS GRAVES Y VIOLENCIA ARMADA
El texto legal establece que no podrán acceder a la amnistía quienes estén involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos de corrupción.
Asimismo, la ley excluye a personas que hayan promovido, financiado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, ya sea con apoyo interno o extranjero.
De esta manera, el Parlamento buscó marcar una diferencia entre delitos políticos y hechos considerados como amenazas directas a la seguridad del Estado y de la población.
CRISIS POLÍTICAS COMPRENDIDAS EN LA AMNISTÍA
La normativa abarca hechos cometidos durante diversos momentos de tensión política, entre ellos el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero de 2002–2003 y las protestas registradas en los años 2013, 2017 y 2024.
Para garantizar la aplicación de la ley, se creó una comisión especial encargada de diseñar mecanismos de implementación y supervisar su cumplimiento.
NUEVO CONTEXTO POLÍTICO Y PRESOS BENEFICIADOS
La aprobación de esta amnistía se produce en medio del llamado “nuevo momento político” anunciado por Delcy Rodríguez, tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos a comienzos de enero.
Según cifras de la ONG Foro Penal, actualmente existen 644 presos políticos en el país, luego de más de 400 liberaciones realizadas desde el 8 de enero.
El Gobierno sostiene que la ley busca avanzar hacia una etapa de reconciliación, mientras que mantiene fuera de este beneficio a quienes estén vinculados con hechos de violencia armada o delitos de alto impacto.
