Una fuerte controversia diplomática se abrió tras el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, que informó la revocación de visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile, acusándolos de participar en acciones que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.
La medida también alcanza a sus familiares directos, quienes no podrán ingresar a territorio estadounidense y quedaron con sus visados anulados de manera inmediata.
Según Washington, la decisión responde a la política del presidente Donald Trump de proteger los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos en el hemisferio.
MOREIRA EXIGE IDENTIDADES Y ADVIERTE GRAVEDAD DEL CASO
El senador Iván Moreira calificó la situación como “extremadamente grave” y exigió que se den a conocer los nombres de los funcionarios afectados.
El parlamentario sostuvo que es indispensable aclarar responsabilidades, ya que este episodio daña la imagen internacional de Chile y golpea la confianza con uno de sus principales socios estratégicos.
Además, afirmó que la relación bilateral debe ser reconstruida con prioridad por la próxima administración encabezada por José Antonio Kast, poniendo énfasis en la cooperación en seguridad y política exterior.
CHILE RECHAZA LAS ACUSACIONES Y DENUNCIA MEDIDA UNILATERAL
Desde el Ejecutivo, el Gobierno de Gabriel Boric expresó un rechazo categórico a la decisión adoptada por Estados Unidos, descartando de plano que Chile haya desarrollado acciones que atenten contra la seguridad regional o la soberanía de otros países.
En una declaración pública, La Moneda afirmó que el país no impulsa ni respalda actividades que comprometan infraestructuras estratégicas, y cuestionó la imposición de sanciones unilaterales sin entregar antecedentes concretos ni identidades de los involucrados.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que las restricciones buscan “promover la rendición de cuentas” y acusó a la actual administración chilena de dejar un legado marcado por decisiones que —según Washington— perjudican la estabilidad regional.
TENSIÓN ABIERTA ENTRE SANTIAGO Y WASHINGTON
La decisión norteamericana y la reacción chilena profundizan un escenario de tensión política y diplomática, marcado por la falta de información oficial sobre los sancionados y por la dureza del lenguaje utilizado desde Washington.
Mientras EE.UU. mantiene la sanción y no revela los nombres, Chile defiende su soberanía y exige respeto a su institucionalidad, en un episodio que amenaza con convertirse en uno de los mayores conflictos bilaterales de los últimos años.
