La Contraloría General de la República destapó una red de irregularidades en el manejo de fondos tras el megaincendio de febrero de 2024. Según los informes, se detectaron pagos con sobreprecios de hasta un 557% en seis contratos de trato directo para la remoción de escombros, los cuales sumaron un total de $6.725.655.566. La lupa está puesta sobre la exdelegada Sofía González y el actual delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.
El foco del escándalo es la empresa San Nicolás SpA, firma que recibió estos millonarios recursos a pesar de estar compuesta solo por tres personas y ser liderada por Tomás Avilés Tillería, quien apenas tenía 20 años. La compañía no contaba con maquinaria propia ni personal, optando por subcontratar los servicios por valores ínfimos para quedarse con una diferencia que supera los 4 mil millones de pesos en este 2026.
En ese sentido, Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, señaló que “me parece que es completamente improcedente, que es reprochable. Y requiere sanción. La explicación no puede ser ‘no nos dimos cuenta’“. La autoridad regional criticó duramente la falta de prolijidad, exigiendo que se apliquen las máximas sanciones a quienes permitieron este perjuicio al patrimonio público mediante contratos que no exigieron siquiera boletas de garantía.
La auditoría reveló que la empresa, constituida recién en 2021, logró adjudicarse más de 30 contratos con el Gobierno, el primero de ellos en el Bío Bío. La vinculación del caso con la gestión del exsubsecretario Manuel Monsalve ha intensificado la presión política, llevando los antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado por un posible fraude al fisco ante la nula evaluación de la idoneidad técnica de la firma.
Ante la gravedad de los hallazgos, el gabinete del gobierno entrante confirmó que iniciará acciones legales para recuperar los recursos. La estrategia judicial buscará castigar tanto a los actores políticos como a los privados que lucraron con la tragedia, considerando que se pagaron más de $7 millones por cada vivienda en conceptos de despeje bajo condiciones irregulares.
Por su parte, Ivan Poduje, futuro ministro de Vivienda, sostuvo que “nos parece absolutamente impresentable. El presidente electo ha sido súper claro respecto a que los recursos deben gastarse bien, son escasos, y que la dignidad de las personas está primero”. El futuro secretario recalcó que perseguirán las responsabilidades hasta las últimas consecuencias para esclarecer el destino de los dineros que debieron llegar a los damnificados.
Finalmente, la hoy diputada electa Sofía González ha mantenido reserva sobre el desenlace de los sumarios internos instruidos bajo su mando antes de renunciar. Mientras tanto, el ente contralor confirmó que el sobreprecio detectado equivale a una pérdida patrimonial gigante, en una operación donde la empresa ganadora presentó diferencias de pagos abismantes por cada turno de trabajo realizado.
