La reciente comunicación pública de ZOFRI S.A. anunciando la supuesta aprobación de la renovación de su concesión hasta el año 2050 abrió una fuerte controversia política y jurídica en Tarapacá. Diversas voces advierten que la empresa no tiene atribuciones para decidir por sí sola la extensión de una concesión pública, y que el tema debe resolverse mediante un proceso legal, transparente y con participación regional.
El senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, señaló que una decisión de esta magnitud no puede tomarse “entre cuatro paredes ni desde Santiago”, y recalcó que renovar la concesión exige legitimidad social y respaldo jurídico, considerando su impacto en el empleo y la economía regional.
Lo más relevante es que la concesión aún no ha sido aprobada por el Estado, pese a que fue presentada por la empresa como un hecho consumado ante el mercado.
CRÍTICAS A LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE ZOFRI
Desde el ámbito jurídico, el ex presidente del directorio Patricio Sesnich calificó el anuncio como una acción grave en una columna de opinión publicada en un medio local, señalando que se intenta instalar la idea de que una concesión pública puede extenderse por decisión unilateral del propio concesionario.
Según explicó, el directorio de la empresa no es una autoridad pública ni tiene potestad concesional, por lo que comunicar la renovación como segura distorsiona el debate público, condiciona al Estado y genera presión institucional indebida.
Además, cuestionó el uso de un dictamen de la Contraloría General de la República, indicando que este organismo nunca autorizó una prórroga automática, sino que estableció que cualquier renovación debe cumplir los procedimientos legales vigentes al momento de evaluarse.
ADVIERTEN RIESGO PARA EL ESTADO DE DERECHO
Especialistas alertan que aceptar este tipo de prácticas podría sentar un precedente peligroso: transformar una concesión pública en un derecho casi permanente, debilitando la competencia económica y el principio de igualdad ante la ley.
“Una concesión no es propiedad privada, no es indefinida ni se renueva por comunicados”, enfatizan desde sectores críticos, quienes llaman a detener el proceso, abrir diálogo regional y construir un acuerdo legítimo que resguarde tanto el interés público como la estabilidad laboral en Tarapacá.
El debate ahora queda en manos del Estado de Chile, que deberá definir si permite que se consolide un anuncio sin sustento jurídico o si reconduce la discusión por los canales institucionales correspondientes.
