A solo semanas de que el Gobierno de Gabriel Boric entregue el poder, un informe de Tesorería revela que se han desembolsado más de US$8,2 millones en beneficios vitalicios. La cifra desata críticas por la detección de fraudes, beneficiarios con antecedentes penales y la falta de revocaciones durante el último año.
A menos de un mes de que asuma la administración del presidente electo José Antonio Kast, las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del 18-O vuelven al centro del debate político y financiero. Según datos entregados por la Tesorería General de la República vía Ley de Transparencia, el Estado ha pagado un total de $7.009.644.357 a las 418 personas beneficiadas hasta la fecha.
Radiografía de los pagos y beneficiarios
El monto total, equivalente al costo de aproximadamente 70 ambulancias, se distribuye entre 270 pensiones otorgadas durante el actual gobierno de Gabriel Boric y 148 asignadas bajo la administración de Sebastián Piñera.
El mecanismo de asignación ha sido duramente cuestionado debido a que se basó principalmente en testimonios entregados al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo que permitió vulnerabilidades en el proceso. Entre los casos más polémicos destacan:
- Casos de Fraude: En 2025, la fiscalía formalizó por fraude de subvenciones a dos exbeneficiarios que fingieron lesiones.
- Prontuarios Penales: Contraloría advirtió en 2024 que 58 beneficiarios tenían antecedentes criminales previos al estallido, lo que forzó la revocación de 28 pensiones ese año.
- El caso Villalobos Prado: Hasta el 5 de febrero, el ex prófugo por estafa Juan Francisco Villalobos Prado se mantenía como beneficiario, habiendo recibido más de $21 millones, pese a que el INDH retiró el respaldo a su caso hace un año.
- Comparativa de montos: Mientras Villalobos recibió dicha suma, víctimas con daño acreditado como el diputado electo Gustavo Gatica han recibido un monto similar ($24,4 millones), evidenciando distorsiones en las asignaciones.
La «Herencia» para el próximo Gobierno
El informe de Tesorería revela una parálisis en las sanciones durante el último periodo: no se registraron órdenes de cancelación de pensiones en todo 2025 ni en enero de 2026. Recién el 5 de febrero de este año se revocaron tres beneficios adicionales.
Este escenario representa un desafío inmediato para el presidente electo José Antonio Kast, quien en febrero de 2024 calificó la gestión de estos beneficios como una muestra de un «gobierno incompetente». Su administración deberá decidir si mantiene, revisa o revoca masivamente estas pensiones vitalicias, en medio de las presiones de parlamentarios como el senador electo Andrés Longton, quien ha liderado las peticiones de nulidad para casos irregulares.
El trasfondo del beneficio
Lo que comenzó como una agenda de «Verdad, Justicia y Reparación» anunciada por Boric en 2022, terminó empañado por crisis sucesivas, similares a la ocurrida con los indultos a los «presos de la revuelta«. Mientras tanto, cifras de la Fiscalía Nacional indican que el 34,1% de los delitos del 18-O correspondió a violencia institucional, frente a un 65,9% asociado a vandalismo y desórdenes públicos.
