
A pesar de que el INDH retiró su respaldo y la justicia cerró la investigación por presuntas torturas hace un año, Juan Francisco Villalobos Prado continúa recibiendo el beneficio estatal que hoy supera los 690 mil pesos mensuales.
La entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019 vuelve al centro del debate público. Según datos emanados de la Tesorería General de la República vía Ley de Transparencia, el beneficiario Juan Francisco Villalobos Prado (39) recibió el pasado 16 de enero de 2026 un nuevo depósito por $694.868, consolidando un total de $21.907.724 percibidos durante el actual gobierno.
Una causa judicial sin respaldo
El caso de Villalobos Prado es uno de los más cuestionados entre los 418 beneficios otorgados. La controversia radica en que, en enero de 2025, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dejó de respaldar su calidad de víctima debido a que el denunciante no asistió a las pericias del Servicio Médico Legal (SML) y mostró desinterés en el proceso.
En consecuencia, el tribunal cerró la causa por presunta tortura a petición de la fiscalía, dejando el testimonio que originó la pensión sin una resolución judicial ni una investigación abierta que lo sustente.
Antecedentes penales y la «orden de detención»
La cronología del beneficio revela contradicciones administrativas:
- Causa por estafa: En julio de 2019 se abrió una causa en su contra por una estafa de $900 mil.
- Orden de detención: El 23 de junio de 2022 se dictó su orden de detención tras ser inubicable.
- Otorgamiento de pensión: Menos de tres meses después de ser declarado prófugo, el 7 de septiembre de 2022, se emitió el decreto presidencial que le concedió la pensión de por vida.
- Cierre de estafa: En enero de 2024, Villalobos pagó una caución de $300 mil (menos de la mitad de una mensualidad de su pensión) para cerrar el caso. Además, contaba con una condena previa por hurto en 2008.
El contraste administrativo y el futuro político
Bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric se han concentrado 270 pensiones, frente a las 148 otorgadas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Si bien en 2024 se revocaron 28 beneficios tras advertencias de la Contraloría sobre beneficiarios con prontuario criminal, la pensión de Villalobos Prado se ha mantenido intacta.
Este antecedente surge en un momento político clave, a menos de un mes del cambio de mando. El presidente electo, José Antonio Kast, quien anteriormente calificó la gestión de estas pensiones como propia de un «gobierno incompetente», deberá decidir si mantiene, revisa o revoca estos beneficios a partir de marzo.
Casos de fraude en la mira
Mientras la Tesorería no registra nuevas órdenes de cancelación para este caso en particular, la fiscalía ya ha formalizado a otros pensionados por fraude de subvención, como Francisco Gatica Catalán y Robinson Jaramillo Monje, quienes habrían falseado lesiones para obtener montos millonarios del Estado.







