Una grave crisis de gobernanza sacude a Zona Franca de Iquique S.A., tras las duras críticas emitidas contra el actual Directorio por intentar extender la concesión de administración hasta el año 2050. La maniobra, calificada como un «quiebre profundo» del sistema de cumplimiento, ha generado una alerta roja en el ecosistema empresarial de Tarapacá debido a los vicios legales que rodearían la firma de este nuevo contrato.
La denuncia principal apunta a que la sociedad administradora está forzando una prórroga sin cumplir con los estándares de transparencia exigidos por los organismos de control. Patricio Sesnich Stewart, expresidente del directorio de Zofri S.A., explicó que “el problema es que la sociedad administradora ahora está actuando a la espalda de la gente; están usando un dictamen de Contraloría en forma parcial y el hecho esencial y la autocontratación hasta el 2050 es absolutamente ilegal”.
Para el exdirectivo, esta decisión no es solo un error administrativo, sino que expone a los involucrados a severas sanciones judiciales. “Aquí hay responsabilidad del Directorio y responsabilidad incluso de los accionistas; si los accionistas votaron a favor, también pueden tener incluso estas responsabilidades penales”.
Así también el expresidente detalló que el conflicto ya ha sido llevado ante las autoridades reguladoras para frenar lo que se considera un daño al patrimonio regional, “ya se hizo una presentación por parte de Nelson Mondaca al mercado financiero y también se presentó un recurso a la Contraloría; esto va a dar para mucho porque el cargo de compliance officer no es un salvoconducto, es una posición de riesgo”.
Finalmente, Patricio Sesnich Stewart expuso que el debate se centra en que la Zofri es un activo estratégico del Estado que no puede ser gestionado bajo intereses privados de última hora, “la Zona Franca no es del Directorio ni de los accionistas: es de Iquique y del país; intentar amarrar una decisión que afecta a la ciudad por décadas es un gigantesco daño para las 11 comunas de Tarapacá, Arica y Parinacota”.
LA RESPUESTA DE ZOFRI: PROCESO ES LEGAL Y BUSCA DAR CERTEZA A LA INVERSIÓN
Ante los cuestionamientos, la administración de ZOFRI S.A. emitió una declaración pública asegurando que el proceso de renovación es completamente legal y cuenta con respaldo institucional. Desde la compañía aclararon que la Contraloría General de la República confirmó en 2023 que la renovación anticipada es jurídicamente procedente, desestimando las acusaciones de irregularidad en la extensión proyectada hasta el año 2050.
La empresa subrayó que este plan se viene desarrollando desde el año 2018 para fortalecer la competitividad internacional y entregar certeza jurídica a largo plazo. Además, destacaron que el contrato está vinculado a un Plan de Inversiones superior a los 115 mil millones de pesos, el cual debe ser ratificado por la Junta Extraordinaria de Accionistas para su validez definitiva.
Finalmente, la administradora recalcó que la continuidad del sistema asegura el aporte del 15% para las once comunas de Tarapacá y Arica y Parinacota. Según ZOFRI S.A., se trata de un proceso transparente que busca modernizar la plataforma logística y asegurar la estabilidad de miles de familias que dependen del sistema franco en el norte del país.
