El proceso de traspaso de mando entre la administración saliente y el equipo del presidente electo enfrenta un momento de alta tensión política. El detonante fue el emplazamiento de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien solicitó al Gobierno de Gabriel Boric regularizar a cerca de 180 mil migrantes empadronados antes del 11 de marzo, lo que provocó una respuesta inmediata y tajante por parte de las futuras autoridades de seguridad.
La exsecretaria de Estado planteó que esta medida es una responsabilidad ética para evitar que quienes colaboraron con el proceso de empadronamiento sean el primer blanco de expulsiones masivas. Carolina Tohá, exministra del Interior, manifestó que “el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no va a entregar a estas personas en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”.
Para la exautoridad, quienes se acercaron de buena fe a las instituciones no deberían ser perjudicados por un cambio de administración. Carolina Tohá, expresó que “esas personas hoy día, si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie; las tiene ahí, con su dirección y número de documento”.
Sin embargo, desde la futura administración de la UDI ven esta petición como una maniobra política para amarrar las manos de la nueva gestión. Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior, señaló que “a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno”.
El futuro jefe de gabinete fue enfático en criticar la oportunidad de la propuesta a solo semanas del cambio de mando. “De más está decir que sería de muy mal gusto a un mes del término de gobierno tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual”.
Ante la escalada del debate, desde el Palacio de La Moneda descartaron implementar una medida de esta magnitud de manera apresurada. Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, dijo que “no hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo, porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas; son procesos largos”.
La portavoz del Ejecutivo subrayó que cualquier avance en esta materia debe ser conversado con el equipo entrante, indicó que el empadronamiento servirá “para que la próxima administración la tenga a su disposición, para que tomen decisiones respecto a si avanzar completamente en una regularización, o parcialmente, con ciertas prioridades o no”.
Finalmente, el Gobierno defendió el trabajo realizado hasta la fecha como una base sólida para la seguridad nacional, donde la vocera dijo que el proceso ya ejecutado “ya es un paso significativo desde el punto de vista de una política de Estado seria para ordenar la casa”, dejando la resolución final en manos de la administración que asumirá en marzo.
