El Gobierno Regional, liderado por José Miguel Carvajal, aclaró que las observaciones del órgano contralor son de carácter administrativo y no constituyen delitos. Ya se solicitaron reintegros de recursos por conflictos de interés entre proveedores y organizaciones sociales.
A través de una declaración pública oficial en sus redes sociales, el Gobierno Regional (GORE) de Tarapacá salió al paso de las dudas generadas por la publicación del Informe Final de Contraloría N° 510. En el documento, la administración regional detalla las medidas adoptadas para subsanar las observaciones detectadas en el uso de los fondos concursables del 8% FNDR.
Claridad sobre los gastos y rendiciones
Ante el punto sobre la «falta de acreditación de gastos«, el GORE informó que ya inició gestiones administrativas para la revisión y, en casos específicos, la solicitud de reintegro de recursos a las organizaciones sociales observadas.
Para regularizar esta situación, la autoridad regional dispuso un plan de acompañamiento:
- Asistencia técnica: Un equipo del Gobierno Regional está trabajando directamente con juntas vecinales, clubes e instituciones para cerrar sus procesos de rendición.
- Plazos: Las organizaciones cuentan con un periodo de 60 días a partir de la notificación del informe para completar sus trámites.
- Capacitación: Se realizará un taller especial de rendiciones enfocado exclusivamente en estas organizaciones para evitar errores futuros.
Conflictos de interés y probidad
Respecto a los casos de «conflicto de interés», el GORE precisó que estos se produjeron entre los miembros de las directivas de las organizaciones beneficiadas y sus proveedores contratados. Ante este hallazgo, la administración de Carvajal ya solicitó la devolución inmediata de dichos fondos.
La declaración enfatiza un punto clave: el informe de Contraloría no da cuenta de faltas graves a la probidad administrativa por parte del Gobernador Carvajal ni de su equipo de trabajo.
«Se desprenden observaciones de carácter administrativo. Es por ello que, el 10 de diciembre de 2025, el GORE instruyó un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas», dicta el comunicado.
Con este paso, el Gobierno Regional busca dar por cerrada la polémica, asegurando que los mecanismos de control interno están funcionando para resguardar el patrimonio regional.
