
En un hito para la defensa de los derechos ciudadanos, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) concretó un acuerdo conciliatorio con Scotiabank, obligando a la entidad a pagar más de mil millones de pesos. La resolución beneficia a 61.546 clientes que sufrieron cobros extrajudiciales improcedentes y prácticas de cobranza abusivas entre los años 2020 y 2022, marcando un precedente contra el maltrato financiero en el país.
Respecto a las conductas sancionadas, la investigación reveló un sistema de acoso telefónico que vulneraba la dignidad de las personas morosas. Carolina González, directora nacional del Sernac, manifestó que “el derecho a recibir un trato digno y respetuoso es básico, y la morosidad no puede ser utilizada como excusa para ejercer presiones indebidas”. La autoridad aseveró que el hostigamiento detectado traspasó los marcos normativos, afectando la integridad de miles de usuarios.
En cuanto a la restitución de los fondos, el proceso contempla la devolución de montos cobrados ilegalmente y compensaciones adicionales para los afectados. Ante ello el Servicio Nacional del Consumidor sostuvo que los clientes recibirán pagos diferenciados según el nivel de abuso, incluyendo un bono extra para quienes fueron víctimas de hostigamiento sistemático. Además, el banco deberá pagar una multa de 100 UTM a beneficio fiscal por las infracciones cometidas contra la Ley del Consumidor.
Sobre la implementación de los pagos, la entidad bancaria deberá ejecutar las compensaciones de manera automática para sus clientes actuales. Scotiabank aseveró que los montos se imputarán directamente al saldo adeudado de quienes tengan compromisos vigentes, mientras que los exclientes recibirán su dinero mediante transferencias electrónicas o vales vista. Junto con el desembolso, la institución se comprometió a reformar sus protocolos de cobranza y eliminar las cláusulas abusivas de sus contratos.
Finalmente, el acuerdo judicial cierra un capítulo de irregularidades que afectó el presupuesto de miles de familias chilenas. El Sernac concluyó que este resultado reafirma la obligación de las instituciones financieras de operar bajo estándares de transparencia y respeto. Con esta medida, se busca erradicar las prácticas de presión indebida y asegurar que cualquier proceso de cobranza se ajuste estrictamente a lo que dicta la legislación vigente.







