Denuncias por vicios electorales, sanciones preventivas masivas y una intervención inédita mantienen paralizada a la Primera Compañía, mientras el conflicto escala a tribunales y pone en jaque la transparencia institucional.
Lo que comenzó como una denuncia administrativa terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos internos en la historia reciente del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Hoy, la institución más valorada por la ciudadanía enfrenta cuestionamientos por vicios electorales, sanciones anticipadas y una intervención que paralizó operativamente a una de sus compañías más importantes.
El conflicto estalló formalmente el 23 de diciembre de 2025, cuando voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Iquique ingresaron una denuncia por irregularidades en el proceso eleccionario interno realizado el 8 de diciembre, apuntando a fallas graves en la transparencia, la participación y el cumplimiento del reglamento.
DEL CUARTEL AL TRIBUNAL
Ante la falta de respuestas internas, los denunciantes escalaron el conflicto al Tribunal Electoral Regional de Tarapacá, donde se abrió la causa Rol 45-2025, solicitando la nulidad completa de las elecciones.
La causa puso bajo la lupa el sistema electoral interno de Bomberos, un modelo que —según los reclamantes— carece de controles externos, no contempla un órgano electoral independiente y excluye a los voluntarios de base de la elección de las máximas autoridades, concentrando el poder en directores y capitanes.
El caso amenazaba con abrir una caja de Pandora institucional, pero eso nunca ocurrió.
INTERVENCIÓN TOTAL Y ALLANAMIENTO JUDICIAL
El 16 de enero de 2026, el Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Iquique tomó una decisión sin precedentes recientes: intervenir la Primera Compañía. La medida fue adoptada en una sesión donde participaron nueve de las diez compañías existentes.
Cuatro días después, el 20 de enero, el Tribunal Electoral resolvió no pronunciarse sobre el fondo del reclamo, luego que la institución se allanara a la nulidad del proceso eleccionario, argumentando que la intervención dejaba sin efecto las elecciones cuestionadas y que estas se repetirían una vez finalizado el proceso.
En la práctica, el tribunal cerró la causa sin revisar las irregularidades denunciadas.
LA MEDIDA QUE DESATARÍA LA CRISIS MAYOR
El golpe más duro llegó el 28 de enero de 2026.
Mediante un oficio firmado por el Superintendente, 29 voluntarios de la Primera Compañía fueron separados preventivamente de la institución, mientras se desarrollaban investigaciones internas. La lista incluyó denunciantes, acusados y testigos, sin distinción.
Dos días después, el 30 de enero, el director interventor informó por WhatsApp que los afectados debían entregar sus equipos, credenciales y uniformes, quedando completamente fuera del servicio activo desde el 2 de febrero.
El resultado fue inmediato y devastador: la Primera Compañía —que cuenta con cerca de 50 bomberos activos— quedó prácticamente inoperativa.
IQUIQUE CON MENOS BOMBEROS
El impacto no es solo interno. Es territorial y ciudadano.
Iquique cuenta con nueve compañías de bomberos, la mayoría concentradas en el centro de la ciudad. Solo dos cuarteles cubren el sector sur, y uno de ellos es la Primera Compañía intervenida.
Con 29 voluntarios fuera de funciones, la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y emergencias quedó seriamente reducida en una de las zonas más pobladas de la comuna.
¿SANCIÓN PREVENTIVA O CASTIGO ANTICIPADO?
Aunque la separación preventiva fue incorporada al reglamento interno en 2025, especialistas y voluntarios cuestionan su aplicación en este caso.
“No se investigó primero. Se castigó antes”, señalan fuentes internas.
“La medida se transformó en una sanción encubierta que afecta incluso a quienes denunciaron”.
La crítica más dura apunta al mensaje institucional: denunciar irregularidades puede costar la expulsión temporal del servicio.
DOBLE VARA INTERNA
El malestar aumentó al conocerse que otra compañía del mismo Cuerpo, la Segunda Compañía, también presentó reclamos por vicios electorales, pero no fue intervenida ni sancionada.
El dato que incomoda: el Vicesuperintendente pertenece a esa compañía.
Para los voluntarios de la Primera, la diferencia de trato es evidente. “Aquí se castigó al que llevó el problema a la justicia”, acusan.
EL FONDO DEL INCENDIO
Más allá de los nombres y las sanciones, el caso dejó expuesto un problema estructural:
un sistema electoral cerrado, sin fiscalización externa y con poder concentrado, que hoy es incapaz de procesar sus conflictos sin dañar la operación ni la confianza pública.
Mientras la investigación sigue su curso en instancias disciplinarias internas —incluido un cuestionado Consejo Superior de Disciplina—, Iquique paga el costo: menos bomberos en la calle y una institución golpeada por su propia crisis.
La pregunta sigue abierta: ¿se apagó el incendio o solo se escondió bajo la alfombra?
