En una exhaustiva fiscalización a 66 proyectos financiados por el Gobierno Regional de Tarapacá, la Contraloría General de la República (CGR) reveló anomalías financieras que superan los 58 millones de pesos rendidos sin ningún tipo de documentación. El informe de auditoría desnudó una falta de control sistemática en las transferencias a organizaciones de la sociedad civil, instruyendo al organismo regional a exigir la devolución inmediata de los dineros y a corregir sus protocolos de supervisión en terreno.
Respecto a los hallazgos del Informe N°510 de 2025, la auditoría puso una lupa crítica sobre una factura de $14.200.000 emitida por Inversiones SIA Ltda., vinculada al Club Deportivo y Recreativo MOP Tarapacá, indicando que la documentación de respaldo no coincide con los testimonios de los socios, señalando que el hecho “podría constituir adulteración de un instrumento público o privado”, solicitando por ello ejercer las acciones legales pertinentes de forma inmediata.
En cuanto a la tecnología extraviada, se detectó la ausencia de 14 notebooks avaluados en $7.700.000, destinados originalmente al proyecto de “Alfabetización digital”. El ente contralor sostuvo que esta situación es irregular, ya que los equipos no fueron utilizados “pese a contar con facturas aprobadas previamente”, exigiendo que el Gobierno Regional informe las razones por las cuales estos insumos nunca llegaron a sus beneficiarios finales.
Sobre los conflictos de interés y otros hallazgos, la entidad fiscalizadora aseveró que se identificaron coincidencias entre directivos de las organizaciones y proveedores por un total de $50.020.381.
Debido a ello la CGR aseveró que estos vínculos son graves, ya que se habrían detectado pagos a personas relacionadas “vulnerando los manuales de concursos de vinculación”, sumándose a otros proyectos que presentan saldos pendientes de rendición por $69.590.704.
Finalmente, el organismo de control ordenó gestionar la devolución de todos estos recursos en un plazo máximo de 60 días hábiles. La Contraloría General concluyó que la administración regional debe mejorar sus estándares, ordenando “exigir la devolución de estos montos o iniciar acciones judiciales si corresponde”, con el fin de asegurar que los recursos públicos no sigan siendo transferidos a entidades que no garantizan la recepción real de los bienes.
