Un informe de la Contraloría General de la República destapó graves irregularidades en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), revelando que más de mil funcionarios acumularon licencias médicas por períodos que superan los dos años, en medio de viajes al extranjero, incumplimientos de reposo y un uso abusivo de recursos públicos que ya abrió sumarios administrativos y derivaciones al Ministerio Público.
Una denuncia que parece salida de una novela policiaca se transformó en realidad: la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto un gigantesco uso indebido de licencias médicas en el Estado chileno, en el que figuran con cifras alarmantes funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). El informe revela que miles habrían salido del país o incumplido reposos mientras percibían pagos y permisos que su régimen laboral exige respetar.
El informe —parte del Noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría— destapó que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica, incumpliendo el propósito de reposo que motiva estos permisos y poniendo en jaque la credibilidad de la administración pública.
Junji en el centro de la tormenta
Las cifras son contundentes: de los más de 35.000 permisos médicos potencialmente irregulares detectados en ese periodo, la Junji lidera el listado con 2.280 licencias cuyos titulares habrían violado el requisito de reposo, seguidos por la Fundación Integra con 1.934 casos y la Municipalidad de Arica con 719.
Tanto ciudadanos como autoridades reaccionan con indignación. “Nunca pensamos que esto podía alcanzar tales dimensiones”, comenta Paula Rojas, una apoderada de jardín infantil en Santiago que prefiere mantener el anonimato. “¿Cómo confía uno en personas que reciben pagos por enfermedad y se van de paseo al extranjero?” dice, visiblemente molesta.
En los círculos políticos la controversia ha escalado. Parlamentarios de oposición señalan que estas cifras apuntan a una “ruptura del pacto social” y a una crisis de ética pública sin precedentes, mientras que desde el gobierno se han anunciado investigaciones y posibles sanciones administrativas y judiciales.
De reposo… a vacaciones
El análisis de Contraloría cruzó datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el registro de salidas del país de la Policía de Investigaciones (PDI) y las licencias médicas otorgadas a servidores públicos. El resultado fue demoledor: 25.078 funcionarios salieron del país en 59.575 ocasiones distintas mientras tenían licencia médica vigente.
Entre los casos más escandalosos, 125 funcionarios presentaron entre 16 y 30 salidas o ingresos, y 51 personas registraron más de 31 movimientos internacionales, todo mientras estarían legalmente obligados a permanecer en reposo.
Uno de los hallazgos más bizarramente ilustrativos que Contraloría presentó durante una sesión en el Senado fue cuando un funcionario del área de salud se autoasignó una licencia médica, viajó al extranjero y realizó actividades que incluían trabajo independiente, según documentos cruzados por el organismo.
Crisis en Junji: despidos, investigaciones y renuncias
En medio de la polémica, la propia Junji ha tenido que encender alarmas internas. En 2025, la institución inició sumarios administrativos contra ocho funcionarias por el uso irregular de licencias médicas, incluyendo una técnica con 17 años de servicio que habría salido siete veces fuera del país con permisos por reposo.
Además de medidas disciplinarias, se han producido renuncias de funcionarios vinculados directamente a este escándalo, incluso a nivel político: la esposa de un diputado renunció después de figurar en el listado de quienes viajaron a Bariloche, Argentina, cuando oficialmente debía guardar reposo.
Reacciones oficiales y sumarios administrativos
El Ministerio de Hacienda informó que 1.102 funcionarios del gobierno central han salido del servicio por estos hechos, entre renuncias y despidos, aunque no detalla cuántos fueron directamente por licencias médicas irregulares. Además, 6.592 sumarios administrativos han sido iniciados en diversas instituciones públicas, una cifra que busca dar una señal de respuesta, aunque críticos aseguran que es “insuficiente y tardía”.
Expertos legales han manifestado que, además de las sanciones internas, los antecedentes podrían derivar en investigaciones penales por fraude o mal uso de fondos públicos, y la Contraloría ya ha enviado estos datos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen acciones complementarias.
El debate que se desata
La revelación de estos datos ha reabierto un debate nacional sobre la cultura del ausentismo laboral y el abuso de mecanismos legítimos como las licencias médicas, especialmente dentro de instituciones que trabajan con infancia y servicios esenciales. Algunos analistas señalan que esto podría minar la confianza ciudadana en el Estado mismo.
Mientras tanto, en los pasillos de la administración pública se escucha: “Si gente que debe cuidar jardines infantiles se va a pasear mientras cobra por enfermedad, ¿qué podemos esperar de otros servicios?”, dice un funcionario que pidió anonimato.
Un escándalo está en ciernes. Y la pregunta que muchos se hacen es esta: ¿estos casos son la punta del iceberg de una crisis más profunda de ética en la función pública chilena?
