La Fiscalía de Arica logró una condena unánime contra tres personas involucradas en el tráfico ilegal de municiones prohibidas y sustancias ilícitas, tras una investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado.
Durante el procedimiento se decomisaron 1.050 municiones, entre ellas 155 cartuchos de punta hueca, conocidos como “mata policías” debido a su alta capacidad de daño, además de diversas drogas y armamento.
La sentencia definitiva será comunicada este jueves 29 de enero por el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.
RED DE VENTA OPERABA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
La investigación determinó que uno de los acusados, identificado con las iniciales O.Z.C., obtenía municiones de forma legal desde 2024 para luego revenderlas de manera clandestina mediante plataformas digitales a personas que no contaban con autorización para poseerlas.
El 12 de febrero de 2025, tras retirar un paquete con municiones desde una empresa de transporte, el imputado coordinó por redes sociales la venta de 50 cartuchos calibre 9 mm con punta hueca por un monto de $170.000, reuniéndose con los otros dos involucrados en el sector norte de la ciudad.
En ese lugar, personal de la PDI efectuó un control, encontrando municiones ocultas en un calcetín, además de marihuana, ketamina, dinero en efectivo y un arma inscrita con municiones al interior del vehículo del acusado.
DROGA Y ARMAS EN DOMICILIOS DE LOS IMPUTADOS
Posteriormente, los detectives allanaron el domicilio de O.Z.C., donde se incautaron 995 municiones adicionales, incluidas 100 de tipo “mata policías”, un cargador con cartuchos y 22 gramos de ketamina.
En la vivienda de otro de los condenados, N.G.M., se encontró una pistola, municiones pertenecientes a Carabineros y 196 gramos de clorhidrato de cocaína, además de varios frascos con ketamina.
Como resultado del juicio, los tres acusados fueron condenados por tráfico ilícito de municiones, mientras que N.G.M. recibió además condenas por porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.
La Fiscalía destacó que este procedimiento permitió desarticular una estructura dedicada a la comercialización de municiones altamente peligrosas, reduciendo el riesgo para la seguridad pública en la región.
