Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que las municipalidades de La Granja y San Ramón otorgaron y renovaron licencias de conducir a personas privadas de libertad, condenados por delitos y deudores de pensiones de alimentos, infringiendo la Ley de Tránsito. El organismo inició sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Mientras las calles exigen orden y seguridad vial, en dos comunas del sur de Santiago ocurrió exactamente lo contrario. Personas que no podían salir de la cárcel, condenados por delitos y deudores de pensiones de alimentos obtuvieron —o renovaron— licencias de conducir como si nada. No hubo semáforos en rojo, ni exámenes presenciales, ni barreras administrativas. Todo pasó. Todo se aprobó. Y todo quedó al descubierto tras una demoledora auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
El organismo fiscalizador encendió las alarmas en La Granja y San Ramón, donde detectó un patrón de irregularidades que no solo vulnera la Ley de Tránsito, sino que compromete la fe pública y la seguridad de miles de personas. El resultado: sumarios administrativos en camino y antecedentes enviados directamente al Ministerio Público.
La Granja: licencias otorgadas desde la cárcel
El informe fue categórico. En La Granja, la CGR comprobó que al menos tres personas recibieron licencias de conducir mientras estaban privadas de libertad, algo derechamente imposible si se respetaran las normas vigentes. La ley exige que los postulantes rindan pruebas presenciales —médicas, psicológicas y prácticas—, pero en estos casos el sistema municipal pareció funcionar por control remoto.
El escándalo no termina ahí. El cruce de bases de datos con el Registro Civil reveló que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron licencias en la comuna, pese a no cumplir los requisitos legales. A esto se suman 83 licencias entregadas o renovadas a deudores de pensiones de alimentos, con deudas vigentes que superan los 11 millones de UTM, un monto que refleja no solo incumplimientos legales, sino también sociales.
La auditoría también destapó un conflicto de interés difícil de justificar: funcionarios municipales intervinieron directamente en los trámites de familiares, participando en exámenes prácticos, validando evaluaciones médicas e incluso firmando autorizaciones desde cargos directivos.
Cuando la Contraloría solicitó explicaciones y respaldos técnicos —en 29 ocasiones—, la respuesta fue incompleta. Esa falta de colaboración terminó de sellar la decisión: se abrirá un sumario para establecer responsabilidades administrativas.
San Ramón: exámenes invisibles y archivos en el suelo
En San Ramón, el panorama no fue mejor. La CGR detectó que una persona privada de libertad también recibió licencia, lo que llevó a la Contraloría a quitarle el control del caso al propio municipio y asumir directamente la investigación.
El informe reveló además que 73 personas condenadas entre 2023 y 2024 obtuvieron permisos de conducir sin ajustarse a la normativa. Y como si fuera poco, 55 deudores de pensiones de alimentos accedieron al documento pese a estar inscritos en el registro que, por ley, debía impedirlo.
Pero uno de los aspectos más graves fue la liviandad en los controles técnicos: licencias otorgadas sin pruebas de coordinación motriz, visión, audiometría ni evaluación psicosensométrica. En otras palabras, personas habilitadas para conducir sin que nadie comprobara si realmente podían hacerlo.
El desorden era tal que los expedientes se encontraron amontonados en bodegas improvisadas, con documentos vencidos, deteriorados y sin ningún criterio de archivo. A eso se sumó un problema adicional: cobros mal aplicados, tanto por sobre como por debajo de lo permitido, generando diferencias por más de $1,7 millones, parte de ellas sin respaldo normativo.
Consecuencias en marcha
La Contraloría no dejó espacio para interpretaciones. En ambos municipios se iniciarán sumarios administrativos y todos los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público, abriendo la puerta a eventuales responsabilidades penales.
El caso deja una pregunta inquietante flotando en el aire: ¿cuántas licencias más se otorgaron sin que nadie mirara?
Mientras la justicia avanza, el escándalo instala una certeza incómoda: durante años, en La Granja y San Ramón, el volante se entregó sin frenos, sin controles y sin respeto por la ley.
