Parlamentarios de distintos sectores cuestionaron duramente al Ministerio de Hacienda por no entregar el informe financiero que permite actualizar la Ley Ricarte Soto, lo que mantiene paralizada la incorporación de nuevos tratamientos para enfermedades de alto costo.
En el corazón del invierno político chileno, un nuevo foco de tensión ha encendido los pasillos del Congreso, los hospitales y las casas de miles de familias: la actualización de la Ley Ricarte Soto, cuya puesta en vigor estaba anunciada para enero de este año, se ha quedado paralizada por un retraso burocrático del Ministerio de Hacienda que ha desatado una tormenta de críticas de parlamentarios y organizaciones de pacientes. Esta problemática no solo es técnica: es una crisis de esperanza, salud y confianza en el Estado.
Promesas en el aire: 39 tratamientos que no llegan
La Ley Ricarte Soto, desde su creación, ha sido un bastión para pacientes con enfermedades de alto costo y baja prevalencia, garantizando cobertura de tratamientos que de otro modo serían imposibles de costear para muchas familias. Se esperaba que una actualización del decreto reglamentario incorporara 39 nuevas terapias, ampliando el amparo estatales a personas que padecen condiciones raras o graves.
Sin embargo, hoy esa actualización está congelada. El decreto que debía ser evaluado para entrar en vigor en enero, tras haber sido anunciado en mayo de 2025, sigue sin movimiento porque Hacienda aún no ha remitido el informe presupuestario que viabiliza su implementación.
Este informe no es un simple papel: es la llave que permitiría activar las nuevas coberturas, ajustar los sistemas de financiamiento y permitir que miles de pacientes accedan a tratamientos que —en muchos casos— representan la diferencia entre vida y muerte.
“Absolutamente inaceptable”: la voz de los parlamentarios
La molestia en el Congreso ha sido visceral y transversal. Desde distintos bloques políticos, legisladores han acusado al Ejecutivo de postergar decisiones de alto impacto social por cálculos fiscales y retrasos administrativos.
Para el diputado Agustín Romero (Republicanos), este atraso representa una traición al compromiso de gobernar hasta el último día con sentido social. “En una materia tan sensible como la Ley Ricarte Soto, el Ejecutivo tiene el deber de demostrar que está a la altura”, afirmó, criticando duramente que los antecedentes técnicos y financieros necesarios continúen sin llegar.
En la misma línea, Andrés Celis (RN) advirtió que la paralización del decreto implica que el Estado “está fallando en una de sus obligaciones más básicas”. Para él, no se trata solo de burocracia, sino de vidas humanas que esperan diagnósticos oportunos y calidad de vida digna que ahora quedan en suspenso.
No menos lapidaria fue la crítica del diputado Daniel Lilayu (UDI), quien calificó la demora como “absolutamente inaceptable e indignante”, señalando que la falta de avance no responde a criterios técnicos sino a una “actitud miserable frente al sufrimiento de cientos de familias”.
Desde sectores de centro y oposición, como el diputado Héctor Barría (DC), se apuntó al eje de la frustración ciudadana: la incapacidad del Gobierno para materializar los cambios prometidos ha erosionado la confianza pública, alimentando el desencanto y las reacciones extremas en otras áreas de la política nacional.
Asimismo, la diputada Ana María Gazmuri (AH) condenó la paralización como una decisión grave que coloca la sostenibilidad fiscal por sobre la urgencia humana, emplazando directamente a Hacienda a asumir su responsabilidad y entregar el informe cuanto antes.
Organizaciones de pacientes: quienes más sufren el retraso
Los ecos de la frustración parlamentaria tienen un rostro humano. Diversas organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes han manifestado su desconcierto ante la incertidumbre que genera este bloqueo. Para personas que esperan terapias específicas, cada día cuenta, y la falta de certezas alimenta angustia y desesperanza.
Aunque el Ministerio de Hacienda no ha emitido una declaración detallada sobre el motivo del retraso, fuentes parlamentarias advierten que la razón principal radica en la falta del visto bueno financiero, un requisito que la ley exige antes de que el decreto pueda avanzar. Sin ese documento, la actualización no puede materializarse, y con ello, la inclusión de tratamientos y medicamentos en el sistema de cobertura estatal permanece en el limbo.
La cuenta regresiva para el próximo Gobierno
Este impasse no solo tiene efectos inmediatos, sino que plantea una carga política para la próxima administración. Varios parlamentarios han advertido que el Ejecutivo actual está “pasándole el problema al próximo gobierno”, dejando pendiente una actualización que beneficiaría a miles, sin un plan claro para resolverlo antes del término de su mandato.
Este escenario ha generado iniciativas parlamentarias para citar a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al titular de Hacienda, con el objetivo de exigir explicaciones públicas y establecer un cronograma concreto que permita destrabar el proceso.
Entre la urgencia social y la responsabilidad fiscal
El choque entre urgencias sociales y restricciones presupuestarias es un tema recurrente en la política chilena. Mientras Hacienda defiende la importancia de la sostenibilidad fiscal, los parlamentarios insisten en que la vida y la dignidad de los pacientes no pueden quedar subordinadas a la espera de informes o cálculo de balances.
Lo que está en juego va más allá de 39 tratamientos nuevos: es la credibilidad del Estado para cumplir promesas, proteger la salud de los más vulnerables y garantizar que el sistema no se detenga en medio de la burocracia.
Crónica de una espera sin certezas
En pasillos, salas de espera de hospitales y conversaciones ciudadanas, la pregunta ahora es una sola: ¿cuándo se levantará este bloqueo que mantiene en suspenso la salud de miles de personas? Las palabras de los parlamentarios, desde la crispación hasta el llamado urgente a actuar, son un termómetro de la frustración social que crece a medida que pasan los días sin avances efectivos.
El reloj avanza, la salud no espera, y mientras la Ley Ricarte Soto sigue detenida entre informes y papeles, quienes más la necesitan siguen mirando al Estado, buscando una respuesta que hasta ahora no llega.
